«España considera la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo». Con estas palabras, trasladadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta al rey Mohamed VI, el Gobierno daba un viraje de 180 grados en la tradicional política hacia la antigua colonia española y abría una nueva etapa en la relación con Marruecos.

Un año después de que el país se enterara por un comunicado de la Casa Real marroquí de la nueva postura respecto a este territorio, tanto los socios de coalición como los de legislatura y también la oposición siguen sin estar convencidos de las razones que llevaron al Gobierno a lo que no han dudado en calificar de «giro histórico» y de los beneficios que este nuevo posicionamiento ha traído consigo y así se lo hicieron ver en las recientes comparecencias del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso y también en el Senado.

Hay un hecho incontestable: Sánchez movió una ficha arriesgada al posicionarse del lado de Rabat en el conflicto del Sáhara Occidental porque alteró el tradicional equilibrio español en esta zona de extrema rivalidad entre Marruecos y Argelia. «Aunque con muchas dificultades, habíamos logrado mantenernos al margen de la pelea durante algo más de 47 años», dijo entonces Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y exembajador en Marruecos para recordar cuál había sido la posición nacional desde que en febrero de 1976 abandonaron la antigua colonia los últimos soldados españoles.

 Entretanto, el Gobierno se ha esforzado por refutar el «mantra» del volantazo, insistiendo en que se mantiene el respaldo a la «centralidad» de la ONU en la búsqueda de una solución mutuamente aceptable por Rabat y el Frente Polisario.

Frente a las críticas unánimes respecto a su postura, el Ejecutivo se ha esforzado en el año transcurrido en poner en valor las bondades de la nueva relación y los beneficios concretos que se están dejando sentir, sobre todo en Ceuta y Melilla así como en Canarias y también en Andalucía.

En este sentido, Moncloa esgrime dos datos: la drástica reducción de las llegadas de inmigrantes desde las costas marroquíes y el incremento de los intercambios comerciales. España es ya el primer socio económico y comercial de Marruecos y ahora el Gobierno aspira a que también se convierta en su principal inversor, con la vista puesta en los 45.000 millones de euros que el reino prevé gastar de aquí a 2050 en sectores clave, aunque lo cierto es que antes España ya era el principal socio económico de Rabat.

Por lo que se refiere a la inmigración, durante el mes de enero las llegadas se redujeron en un 69 por ciento en Andalucía y un 82 en Canarias, unos datos que contrastan con el resto de rutas migratorias hacia Europa, que han visto aumentar las llegadas en el último año.

Aduanas aún pendientes

Pero sin duda, uno de los asuntos pendientes que más interés suscita es el de la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla. Fue el propio Sánchez el que anunció en Rabat el 7 de abril que la de Melilla, cerrada desde 2018 de forma unilateral por el reino alauita, volvería a abrir y además se crearía una nueva en Ceuta.

Tras algunas dudas iniciales respecto al compromiso del país norteafricano con dar este paso, ambos gobiernos anunciaron que su apertura se produciría antes de la RAN y posteriormente que sería a lo largo de enero. Sin embargo, lo que ha ocurrido hasta la fecha son dos pruebas piloto de expedición comercial una el 27 de enero, días antes de la RAN, y otra el 24 de febrero, con algunos de los problemas detectados en la primera ya resueltos.

Desde el Gobierno se tachó de «hito» el que la frontera de Ceuta haya comenzado a funcionar, aunque por ahora en fase experimental, y también se dejó claro que hay un calendario pactado con Marruecos para su apertura completa, de forma gradual y ordenada. Sin embargo, no se quiere hacer público para evitar avalanchas y que se repitan «imágenes del pasado», en alusión a las porteadoras y al llamado comercio atípico. Pero la falta de fechas concretas ha generado cierto malestar en ambas ciudades autónomas.

Por otra parte, también ha retomado su actividad el grupo de trabajo para la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, cuestión que interesa particularmente a Canarias, preocupada por las prospecciones petrolíferas que Rabat pueda autorizar en aguas próximas al archipiélago. Aún se desconoce si se han registrado avances, si bien los dos ejecutivos insisten en dirimir por la vía diplomática y del diálogo esta cuestión, toda vez que la delimitación de la placa tectónica que plantea Marruecos choca con la formulada por España para las Canarias.