«Solíamos pastorear ganados y movernos de un lugar a otro, no sabíamos lo que eran los documentos de identidad y no sabíamos que la vida cambiaría». Así se lamenta Um Faisal al Shanabila, de 70 años, que forma parte de los cerca de 7.000 beduinos en Jordania que aún continúan siendo apátridas en su propio país.

Al Shanabila, que tiene 10 hijos también en la misma situación que ella, logró en 2016 reunirse con el rey de Jordania, Abdalá II, para pedirle lo que miles de beduinos aún no han conseguido pese a su insistencia: la nacionalidad.

El monarca le dijo entonces, según su versión: «dadle una nacionalidad, tratamiento y pensión». Pero la mujer afirma que solo ha conseguido una casa y tratamiento médicos, ya que no puede obtener una nómina al no contar con un carnet de identidad.

Según el Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania, los apátridas son beduinos jordanos y miembros de clanes que viven en Al Mafraq, en la zona desértica ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la capital, Amán.

Sus padres y abuelos eran nómadas, pero no presentaron sus papeles para registrar su identidad, una medida que el Gobierno exigió a inicios de los años 80 y para la que dejó de recibir solicitudes una década después.

Como consecuencia, miles de personas no pudieron obtener la deseada ciudadanía, una cifra que estima el centro en cerca de 7.000 individuos dentro de Jordania.

Al Shanabila indica que todavía no ha perdido la esperanza y sigue yendo a las autoridades competentes para reclamar su ansiada nacionalidad. Pero hasta el momento todos sus intentos han sido en vano, a pesar de tener todos los documentos que prueban que tiene derecho a que se la concedan. «Siempre estoy obligada a probar mi nacionalidad», indica la mujer apesadumbrada.

Fayez al Ruwaili es otro de los etiquetados como «apátrida» en su propio país, pese a que su hermano es un oficial de las aduanas jordanas con rango de coronel y sí cuenta con la nacionalidad. «Fui a solicitar la ciudadanía y me decían que debo demostrar que soy jordano», señala frustrado. «Cumplí 40 años y perdí todos mis derechos y todavía estoy tratando de obtenerla» asegura Fayez, quien desde 2011 empezó a buscar y pedir el derecho de poseer su registro en el reino hachemí.

En un limbo

Al Ruwaili asevera que algunos de los apátridas sí obtuvieron la ciudadanía, mientras que otros solo consiguieron un pasaporte temporal y el resto no logró nada, como resultado de la política «ambigua y poco clara» a la hora de otorgar dicho papel.

El experto en el Centro Nacional de Derechos Humanos, Isa al Maraziq, asegura que la falta de tomar una decisión sobre la cuestión de los apátridas es un «grave indicio de la mala gestión de la crisis, lo cual es una violación de los derechos humanos».

«Existía un comité especializado para estudiar las solicitudes presentadas por apátridas que residen en el norte de Badia (zona desértica), pero la comisión fue suspendida sin una razón convincente, a pesar de que pidieron a los apátridas presentar evidencias de su nacionalidad», aclara.

Además, subraya que el Gobierno jordano niega hasta cierto punto la existencia de personas en esta situación, porque esto expone al territorio a «muchas críticas internacionales».

Al ser preguntado, el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Al Mayali, rechaza responder a la pregunta sobre las causas de suspensión de ese comité. «El ministerio no comenta sobre esa mención de los apátridas», subraya, sin dar ningún otro detalle.

Por otro lado, el profesor de Derecho Internacional, Mohamed al Saket, apunta que el hecho de que Jordania no forme parte de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, establecida en 1961 como el principal instrumento internacional que establece normas para la concesión y el no retiro de la nacionalidad, con el fin de prevenir que surjan casos de apatridia, «no significa que no sea responsable de este pacto internacional».

«El derecho de los Estados a decidir sus ciudadanos no es un derecho absoluto», destaca Al Saket, quien explica que esta regla la exige la ley internacional de los derechos humanos.

Además, aclara que si Jordania no otorgara la ciudadanía a los afectados, entonces «estas personas deben disfrutar de derechos civiles, políticos, económicos y sociales», algo que actualmente no ocurre en el territorio hachemí.

El artículo número 3 de la ley de nacionalidad jordana estipula que «todos los miembros de los clanes beduinos del norte (...) se consideran ciudadanos jordanos que residían realmente en las tierras anexadas al reino en 1930».

Sin embargo, Al Shanabila, Al Ruwaili y otras 7.000 personas más siguen todavía sin poseer los mismos derechos que sus vecinos, pese a ser jordanos.