El Tribunal de Cuentas ha detectado diversas "incidencias de ejecución" en 11 contratos de emergencia para el suministro al Ministerio de Sanidad de mascarillas y material sanitario al comienzo de la pandemia, dentro de un paquete de 73 contratos del ejercicio 2020 que ha fiscalizado en un informe.

Los expedientes analizados alcanzan en su conjunto los 551 millones de euros, de los cuales 538 millones fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), explica en una nota el propio órgano fiscalizador al dar cuenta de la aprobación del documento.

El informe explica que un 22,4% de los contratos fiscalizados, en concreto 11 de ellos, presentaron incidencias de ejecución que "podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias".

Sin embargo, el tribunal justifica que las adquisiciones "fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global".

En concreto, en cuatro de esos 11 expedientes se resolvió anticipadamente el contrato por incumplimiento del contratista, en dos hubo modificaciones no previstas (por cambios en los modelos de mascarillas o de los test covid) y en cinco hubo retrasos en la entrega de los suministros.

También concluye el informe que los expedientes examinados no dejaban constancia documental sobre los criterios de adjudicación aplicados por INGESA, algo que no es irregular o ilegal porque eran contratos de emergencia, si bien esta entidad los aclaró posteriormente al órgano fiscalizador.

El documento aprobado incluye recomendaciones en las que se aconseja "una verificación suficiente de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias" siempre que sea compatible con la atención inmediata de la emergencia, así como el requerimiento de ofertas a diferentes licitadores para negociar los términos del contrato.

De forma paralela a la elaboración del informe, el pasado mes de abril compareció como investigado en un juzgado de instrucción de Madrid el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, y otros dos altos cargos, tras una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia covid.

Según Vox, los investigados cometieron los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la compra de material sanitario durante la pandemia.