El Govern ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia que impone un 25 % de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó ayer el Govern supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución.

El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito ante el TSJC en el que argumenta que el decreto aprobado ayer por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es "incompatible" con la parte dispositiva de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25 % de las horas lectivas.

En su informe, la Generalitat defiende que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas y remarca que para "asegurar la mayor efectividad" de la sentencia "lo que procede" es que el TSJC "ordene" a los centros públicos y concertados de Cataluña que elaboren o revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el decreto que aprobó ayer el Govern.

La Generalitat ha presentado este informe ante el TSJC el mismo día en que expira el plazo del ultimátum que le dio el alto tribunal catalán para que ejecutara su sentencia en la que ordenaba que hubiese un mínimo del 25 % de las clases en castellano.

En su escrito, la Generalitat subraya que el decreto ley que aprobó ayer el Govern "descarta de manera taxativa" que se fijen porcentajes para determinar el uso de las distintas lenguas oficiales que se utilizan en la escuela, lo que es "incompatible" con la sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25 %.

Por este motivo, pide al TSJC que declare la concurrencia de una "causa de imposibilidad legal" para ejecutar la sentencia del 25 %, debido a la presencia de la nueva reglamentación, como elemento "sobrevenido".

La Generalitat admite que "es cierto" que el nuevo régimen jurídico establecido en su decreto y la sentencia del 25 % "difieren" en cuanto a las "concretas medidas previstas" para adoptar, pero remarca que, según la jurisprudencia del Supremo, "lo que es realmente relevante es el interés general perseguido".

"Y es innegable -agrega-, que el Decreto Ley 6/2022 pretende afrontar el interés general que representa la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela de una manera diferente priorizando no un simple régimen de porcentajes totalmente ajeno a la realidad de cada centro docente y no previsto en ninguna norma legal, sino un modelo que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico de los centros, el entorno general y los objetivos de normalización lingüística".

En este sentido, el escrito recuerda que la sentencia del TSJC sobre el 25 % -de diciembre de 2020-, declaró que la Generalitat incurrió en una "inactividad normativa" sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que "precisamente" está "tratando de superar" el Govern con el decreto aprobado ayer.

Sostiene además que la administración autonómica tiene "plena libertad" a la hora de determinar cuál debe ser el contenido de las normas legales, "con el único límite de tener que respetar la Constitución y el Estatut de Autonomía".

Vox y PP llevarán al Tribunal Constitucional el decreto del Govern

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado al Govern de "prevaricación" con el decreto ley sobre el catalán en las aulas, que a su juicio incumple la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, y ha anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC).

"El decreto exige a los centros educativos que incumplan con esta resolución del TSJC, que se salten la ley y rompan el Estado de Derecho. Nos parece una tremenda irresponsabilidad", ha lamentado este martes en rueda de prensa desde el Parlament.

Roldán ha urgido al Gobierno a actuar para que se respeten los derechos de los alumnos catalanes y se cumpla la sentencia del 25%: "Esa amenaza que lleva haciendo el separatismo durante los últimos años de que lo volverán a hacer se está cumpliendo, y el problema es que cuentan con el amparo del Gobierno de España, de Sánchez y con el apoyo total y absoluto del PSC".

Así, ha sostenido que el PSOE ha "cedido al separatismo en todas aquellas peticiones relativas a la lengua", lo que a su juicio ha ocurrido tanto en las negociaciones sobre la Ley Celáa como en la proposición de ley pactada entre PSC, ERC, Junts y comuns.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, también ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto por "no reconocer el castellano como lengua vehicular, por la primacía del catalán frente al castellano y por el patrón de igualdad que establece el TC" entre ambas lenguas.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, en la que ha insistido que ni la proposición de ley de la semana pasada ni este decreto del Govern "garantizan el cumplimiento de la sentencia" del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

Ha asegurado que el decreto "quiere frenar la presencia del castellano en las aulas catalanas", por lo que recurrirán ante el Constitucional para proteger los derechos lingüísticos de los estudiantes, según él.

Preguntado por qué motivo la proposición de ley sobre el catalán de la semana pasada la han llevado ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) mientras que con este decreto no sucede lo mismo y optan por recurrirlo ante el TC, ha recordado que Vox "pasa siempre del CGE, porque es un chiringuito" y ha señalado que el hecho de tener más de 50 diputados en el Congreso les permite acudir directamente al TC.

En este sentido, ha reiterado que la proposición de ley sobre el catalán la llevaron al CGE para "poner trabas a la trampa, pero excepcionalmente: En principio como norma general no volveremos a acudir al CGE, a menos que queramos volver a poner trabas a una trampa".