Así lo ha trasladado el consejero durante una comisión parlamentaria, solicitada por Navarra Suma, para explicar el cese de Irigoyen con motivo del acuerdo de compra de mascarillas por parte de la sociedad pública Sodena, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la empresa Albyn. Irujo ha considerado que el cese de Irigoyen, "al albur de la información verbal recibida, fue prudente y también acertado" y en la que ha recordado que "estos ceses se pueden producir simplemente por la pérdida de confianza en la persona".
La decisión, ha indicado, fue tomada por el Consejo de Administración de Sodena después de que el pasado 17 de agosto la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, les trasladase a él y al vicepresidente segundo que el informe de auditoría sobre el acuerdo de compra de mascarillas entre Sodena, la CEN y Albyn señalaba a un presunto incumplimiento de la Ley Foral de Hacienda.
Así mismo, ha comentado, Saiz le informó de que esto iba acompañado de "unos papeles de trabajo con posibles negligencias y responsabilidad contable que incluso podrían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal".
Según ha relatado, esta información le fue trasladada también de manera oral un día más tarde por parte del director general de Intervención de su departamento, Iñaki Arrizabalaga, durante una reunión mantenida con él y la consejera Saiz.
Tras estas dos informaciones y "sin recibir ningún tipo de información añadida", ha comentado, trasladó estas circunstancias al Consejo de Administración de Sodena quien a petición suya acordó el cese.
"No dispongo de más información o documentación al respecto e ignoro completamente cuál es el contenido de dichos papeles de trabajo", ha asegurado añadiendo que ni siquiera conoce "si se dio traslado o no a la Cámara de Comptos de esto" puesto que no se le informó de ello.
En este sentido ha subrayado que nunca han visto "indicios de nada" ya que "jamás se puede extraer algo así" de los dos informes jurídicos que han pedido sobre este caso y "Comptos certifica que no hay tal".
El consejero ha subrayado que, a pesar de estas informaciones, el informe de Comptos concluye que "no hay evidencia de que Sodena actuase deliberadamente de forma contraria a lo establecido en la normativa", que "hay que tener en cuenta la excepcionalidad del contexto provocado por la pandemia" y que "la formalización del acuerdo se hizo con total transparencia y publicidad".
Así mismo, ha referido, del informe se desprende que no hubo comisiones, que nadie se lucró de esta operación, no se adquirieron más mascarillas de las que solicitó la CEN y que el 99,95 % del stock adquirido se encuentra integro en una empresa de Navarra que no cobra nada por su almacenamiento.
La proponente, Cristina Ibarrola (NA+), quien ha considerado que esta información les da la razón en su insistencia por investigar este acuerdo, ha denunciado que el Gobierno ha estado "ocultando una posible responsabilidad penal" recordando que " todo funcionario o cargo conocedor de un posible indicio de delito, aunque sea de forma verbal, tiene la responsabilidad de acudir a la fiscalía"
Desde el PSN Ainhoa Unzu ha compartido el cese de la directora gerente de Sodena, una decisión que a su juicio fue "prudente y acertada" y que viene reforzada por el informe elaborado por Comptos al tiempo que ha subrayado que ahora lo más importante es que las tres entidades implicadas lleguen a un acuerdo para "dar salida a esas mascarillas".
Para Mikel Asiain, de Geroa Bai, "a tenor del informe de Comptos lo que queda claro es que no hay caso alguno". Se ha mostrado sorprendido por las acusaciones de ocultación de información vertidas por Ibarrola cuando "ha quedado patente" que ella "sabía perfectamente" lo que el consejero ha trasladado antes de su intervención.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha asegurado que no conocían esta posible responsabilidad contable, algo que les deja "con cierta sensación de tontos", ha planteado que es una "imprudencia gravísima" el cese "en base a una mera información verbal en un tema de esta enjundia" y ha recordado a Na+ que, de conocer esta información, también estaban obligados a llevarlo a la justicia.
Por parte de I-E Marisa de Simón ha sido tajante en que si hay dolo el caso debe ir a los tribunales y en que "hay un nefasto acuerdo que de entrada, aunque hubiese salido bien, ponía en riesgo un dinero público" y "eso exige una depuración de responsabilidades".