La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte de que la propuesta del Ministerio de Agricultura para la ordenación del sector bovino no brindaría ninguna protección a 10.470 ganaderos lácteos (92% del total) y tampoco a 19.936 de vacuno de carne (95%), que ya se encuentran por debajo de los límites que se establecen en el documento, según la primera estimación realizada por los Servicios Técnicos de esta organización. Con el tamaño máximo propuesto por el Ministerio, 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por granja (850 vacas o 2.125 terneros), tan sólo serían necesarias 954 explotaciones para producir el volumen de leche que hoy generan 11.424. En el caso de las explotaciones de cebo, para mantener el censo que actualmente gestionan 21.057 ganaderos de vacuno de carne de nuestro territorio, únicamente serían necesarios 1.121 cebaderos. Las grandes empresas integradoras desvinculadas del territorio serían las más beneficiadas.
COAG mantiene que la idea de poner 850 UGM como límite no se apoya en la realidad de la ganadería bovina española, ya que la inmensa mayoría de las explotaciones que existen actualmente están por debajo de esos límites. La media de terneros en un cebadero es de unos 100 y de vacas nodriza alrededor de una cuarta parte. En vacuno de leche la media está entre 60 y 70 animales. En esas circunstancias, desde COAG consideran que poner un límite de 850 vacas de más de dos años no tiene sentido y deja a los pequeños y medianos ganaderos en las mismas condiciones que antes frente al poderío de las grandes empresas.
De hecho, este fenómeno ya se está viendo en el sector lácteo, en el que el número de explotaciones desde el año 2000 se ha reducido a un quinta parte hasta las poco más de 11.000 que existen hoy, mientras que la media de animales por granja se ha multiplicado por 3,5 hasta alcanzar las 70. Es una tendencia que penaliza a las explotaciones más sostenibles, tanto social como medioambientalmente.
COAG denuncia que la nueva regulación no protege al pequeñoPara evitarlo, COAG propone un límite de 180 UGM (180 vacas o 450 terneros) por explotación, que en producción láctea incluye al 93,2% de las explotaciones actuales del país y en cebaderos al 98%. La ocupación media de la granjas está «muy alejadas de las 850 UGM propuestas por el MAPA», ha apostillado Gaspar Anabitarte, responsable del sector lácteo de COAG.
En aquellos casos en los que algunos ganaderos quisieran asociarse situando a sus animales en una misma localización, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones de vida (a través de un reparto de tareas que les permitiera disponer de algún día libre por turnos, por ejemplo), desde COAG proponen que el límite de 180 UGM pudiera incrementarse hasta un máximo del 50%. Es decir, que, en caso de este tipo de asociaciones, el máximo de 180 UGM podría incrementarse únicamente hasta 270 UGM, pero solo en el caso de que se tratara de una asociación de ganaderos que persiga mejorar su día a día. Según la propuesta de COAG no habría nuevas explotaciones de más de 180 UGM pero eso no supondría el cierre de las que ya existen en nuestro territorio por encima de ese tamaño.
«Queremos una ganadería con ganaderos y ganaderas. Nuestra propuesta es una apuesta de futuro por el medio rural en la que la ganadería cuenta con un fuerte tejido social, con personas y no grandes empresas integradoras totalmente desvinculadas del territorio en el que se asientan. En COAG defendemos un modelo de ganadería de pequeñas y medianas explotaciones profesionales que tienen vínculo con la tierra y el territorio. De esa manera será mucho más factible cumplir los compromisos internacionales adquiridos así como las expectativas de la sociedad actual: caminar hacia un modelo de producción más sostenible, garantizando el abastecimiento de alimentos de calidad a un precio justo», ha subrayado Anabitarte.
Situación desesperada de los profesionales en integración.
Con una espiral de costes energéticos y de alimentación al alza, ya arrastrada desde hace meses y completamente desbocada desde el ataque de Rusia a Ucrania, la incertidumbre es ya miedo en varios sectores agrarios, y muy especialmente en la ganadería intensiva de integración, según denuncia ASAJA de Castilla y León, que ha solicitado medidas a las administraciones, a través de mecanismos que mitiguen la descapitalización de estos ganaderos, y también a las entidades bancarias, que deberían implicarse para refinanciar los créditos pendientes. Pero, sobre todo, ASAJA pide que se involucren las propias empresas integradoras, que deben aceptar un repunte de los precios marcados porque las condiciones del mercado han cambiado de forma tan abrupta que es totalmente insostenible seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido.
Hay que tener en cuenta que los ganaderos integrados no tienen capacidad de negociación para repercutir estos costes adicionales en su contrato con las integradoras, «y dado que ya se trabajaba con márgenes muy ajustados, actualmente están produciendo a pérdidas y abocados a una situación de quiebra. La situación más dramática es la de los jóvenes que llevan pocos años y soportan un elevado endeudamiento», denuncia la organización.
Este sistema de integración se ha extendido en los últimos años en el campo, especialmente entre los jóvenes, atraídos en parte por la demanda de empresas integradoras y también por no necesitar para incorporarse una base tierra, que tanto escasea. La avicultura de engorde ha tenido numerosas incorporaciones, pero también el porcino, el vacuno o la producción de carne de conejo. Aunque todas las explotaciones tienen que afrontar un gasto energético, en el caso de estas granjas esta partida es muy grande, puesto que precisan de condiciones estables de temperatura, tanto en invierno como en verano, para mantener en condiciones óptimas a sus animales. La electricidad ha multiplicado su coste por tres y el gas natural por dos, lo que supone una factura adicional, para una granja tipo de 2.000 metros cuadrados, de 25.000 euros, denuncian desde la organización.