El expresidente Miguel Archanco junto a otros siete exdirectivos de Osasuna, así como el propio club, están citados este lunes en el juzgado de lo Penal 2 de Pamplona por un presunto delito contra la Hacienda por retenciones indebidamente practicadas o no ingresadas por un importe de 203.354 euros.

Este procedimiento se inició por la querella interpuesta por el Gobierno de Navarra en febrero de 2017, consignando Osasuna en junio 232.837 euros en concepto de responsabilidad civil, cantidad que fue entregada a la Hacienda Foral en el mes de agosto de aquel año.

El fiscal pide que los acusados indemnicen solidariamente a Hacienda con casi 233.000 euros, a lo que suma para cada uno de ellos 15 meses de prisión.

Les pide también, igual que al club, una multa de 205.000 euros con la accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad Social durante 3 años y costas.

Junto con Archanco están procesado Juan Antonio Pascual (vicepresidente primero de enero de 2010 a junio de 2014), José Manuel Purroy (vicepresidente segundo de mayo de 2012 a junio de 2014), Sancho Bandrés (tesorero en las mismas fechas) , Manuel Ganuza (contador de la junta directiva en el mismo periodo), Jesús Peralta (vocal en el mismo tiempo), Ángel Vizcay (vocal y gerente de Osasuna de 2010 a 214) y Tomas López (contable en las misma fechas).

Según el escrito de la fiscalía, todos ellos permitieron que Osasuna, con evidente ánimo de ocasionar un perjuicio a la Hacienda Foral de Navarra,en 2013 incumpliera sus obligaciones.

Pudo ser, añade, omitiendo en la declaración anual la información precisa sobre las retribuciones y su correspondiente retención, que posteriormente no ingresó, y que determinó que los perceptores de los rendimientos no hayan declarado la totalidad de los ingresos, o incluyendo “dietas exentas por gastos de locomoción y manutención” pagos que no tienen tal consideración y que por tanto están sujetos a tributación.

Así la inspección fiscal realizada por la Hacienda Foral sostiene que en el año 2013 se abonaron retribuciones a empleados y trabajadores de la empresa por su importe neto, con la retención correspondiente, pero estas retenciones no se ingresaron en Hacienda ni se declararon, con un importe de 137.957,85 euros.

La fiscalía añade en su escrito que Osasuna también realizó retribuciones por su importe neto a los jugadores del equipo filial, “Osasuna B”, y cuyas retenciones fueron asimsimo realizadas pero tampoco ingresadas en Hacienda, omitiendo información sobre las mismas, en este caso por un montante de 12.891,57 euros.

Asimismo el club realizó retenciones a cuenta del IRPF en relación a pagos en especie, tal como cesión gratuita de vivienda por importe de otros 20.891,63 euros

Junto con esas cantidades retenidas pero no ingresadas y "por tanto defraudadas" a la Hacienda Foral, el Club Atlético Osasuna incumplió la obligación de retener e ingresar 31.633,78 euros al declarar como dietas exentas por "gastos de locomoción y manutención” abonos que no tenían tal consideración y que por tanto eran rentas sujetas a tributación y no exentas.

El perjuicio ocasionado a la Hacienda Foral por las retenciones no ingresadas y las indebidamente no practicadas y en consecuencia, tampoco ingresadas en el periodo impositivo del IRPF correspondiente al año 2013, asciende a 203.354,83 euros, dice el fiscal.

Y agrega que estas conductas "fueron conocidas y permitidas por los acusados responsables del Club", y en concreto precisa que Archanco, como presidente, "participaba de forma directa en la toma de decisiones relativas a la forma en que debían afrontarse las obligaciones fiscales en relación con dichos impuestos".

De Pascual y Purroy añade que tenían como competencias asumir las funciones del presidente en los casos de ausencia de éste por cualquier causa; Bandrés como tesorero y secretario debía controlar los ingresos, gastos y movimientos de caja; y Ganuza debía cuidar que los libros de contabilidad se llevaran correctamente, realizando el inventario, el presupuesto, el balance y las cuentas anuales.

En el caso de Peralta indica que tenía que proponer a la asamblea general satisfacer los impuestos, contribuciones y demás tributos, y establecer las condiciones de fichajes y emolumentos.

Por último señala que Vizcay controlaba los ingresos y los gastos por cualquier concepto y además dirigía y organizaba el trabajo del personal del club, siendo responsabilidad del mismo el atender al cumplimiento de las obligaciones fiscales; y López participaba en la elaboración y remisión de los impuestos a los que venía obligada la entidad, teniendo pleno conocimiento.