Cien segundos -el tiempo que duró una llamada telefónica a destiempo- sirvieron para trazar la delgada línea que separa a la vida de la muerte y que provocó el fallecimiento de 80 personas en uno de los accidentes de tren más trágicos de la Historia ferroviaria española. Sucedió el 24 de julio de 2013, cuando media España se preparaba para iniciar sus vacaciones de verano.

La curva de Angrois se quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de todo el país porque ahí fue donde descarriló un tren Alvia a punto de llegar a su destino en Santiago de Compostela. A los 80 fallecidos hubo que sumar los 144 heridos del siniestro, muchos de ellos graves.

El juicio, que por fin echó a rodar el pasado miércoles, acumulaba hasta ahora años de demoras poco entendibles por un proceso lleno de trabas y de peritajes confusos como insistentemente han denunciado los familiares de los fallecidos. La vista arrancó con las cuestiones previas y las declaraciones de los dos acusados: el maquinista que conducía el tren y el responsable de seguridad del ADIF.

Los familiares de las víctimas no han cejado en su movilización para exigir claridad en las indagaciones - Foto: Rodrigo Jiménez

Lo hizo 3.360 días después, más de nueve años desde que el Alvia 04155 se saliese a 153 kilómetros por hora en la curva de A Grandeira, un tramo ubicado en el barrio compostelano de Angrois, donde la velocidad estaba limitada a 80 kilómetros/hora.

 Ahora, por fin, llega la hora de la justicia para las víctimas de Angrois y también para sus familiares.

 En el banquillo se sientan el conductor del tren, Francisco Garzón, y Andrés Cortabitarte, el que fuera jefe de seguridad de Adif en el momento en que se produjo la tragedia. Se les imputan 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia grave profesional. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Un litigio que se augura también muy largo, pues se espera que dure al menos nueve meses, si no más. 

Vínculos con el 'Prestige'

Las cifras de este macroproceso son mastodónticas. Basten algunos datos: 446 perjudicados, más de medio millar de testigos, 110 abogados defendiendo las diferentes causas y más de 200 peritos ofreciendo detalles técnicos.

 Lo extraordinario de la vista ha obligado a la Xunta a habilitar en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela una sala de dimensiones acordes. El Gobierno gallego ha acondicionado unos 1.508 metros cuadrados, que se reparten, principalmente, en la sala de vistas y la zona de prensa, además de un espacio adicional para que el público que no pueda acceder al espacio presencialmente lo pueda seguir a través de pantallas. En prensa hay 53 butacas y existe otra sala reservada para el público, con capacidad para cien personas.

Se podría afirmar que es el juicio del año en Galicia si no fuera porque es el de la década, con tan solo un precedente de tales magnitudes: el que se celebró tras la catástrofe medioambiental tras el hundimiento del petrolero Prestige, un proceso que se alargó más de ocho meses y que finalizó en 2013.

Las familias de los muertos ven como por fin se abre un macroproceso que llevan años apremiando después de más de 3.360 días del fatal accidente. Una prolongada espera en busca de la justicia. 

Su larga pelea, sin embargo, sigue abierta como demostraron en las horas previas a la apertura de la causa cuando se concentraron ante el Congreso de los Diputados para reivindicar una investigación técnica e independiente.

Reprochan que los peritos judiciales fueron designados por la Xunta y además, les acusan de «plagiar» el informe del Gobierno. «Habrá una sentencia, pero no habrá justicia», proclaman.

Así lo aseveró Jesús Domínguez, el presidente y portavoz de esta Plataforma de Víctimas, que aseguró que el inicio del juicio le hace sentir una «sensación agridulce» porque la demora ha provocado que muchas víctimas ya no estén presentes por haber fallecido. «Esta demora no es casual, han sido las instituciones las causantes», dijo, al tiempo que acusó a la exministra de Fomento, Ana Pastor, de ser una de las «causantes» del retraso del inicio del juicio.

Un sentimiento muy similar tiene Cristina Liras, la madre de un joven de 27 años que falleció en este accidente. Busca un alivio procesal a una herida que no se curará nunca, pero afirma que se encuentra «absolutamente decepcionada con los políticos y con las administraciones» por la falta de colaboración que han prestado para alcanzar la resolución de este caso.

Como todos los afectados, considera que las administraciones y muchos políticos «se comprometieron a buscar la verdad con mucha grandilocuencia y después han querido ocultarla», lamentó.

Una llamada y la seguridad

La llamada que el maquinista recibió un minuto y 40 segundos antes del impacto lo «desubicó» y esa distracción provocó que no redujese la velocidad de los 153 kilómetros por hora a los que viajaba a los 80 que marcaba la curva.

Esa breve conversación será una de las claves del procedimiento. La causa del siniestro fue el exceso de velocidad. Eso es evidente. Pero los interrogantes a despejar durante la vista oral que, solo en su desarrollo, se alargará hasta el próximo mes de febrero, son las causas que despistaron al conductor y si el tramo cumplía las medidas de seguridad para prevenir un error humano como el que se produjo.

Para el maquinista -hoy prejubilado- y el exdirector de seguridad de ADIF, la Fiscalía pide cuatro años de prisión por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave. La reclamación civil por daños y perjuicios es de 57 millones de euros.