El pleno del Parlamento de Navarra ha tumbado una proposición de ley de Na+ para modificar la Ley foral de protección de los animales de compañía con el objetivo de que las vacunaciones se reglamenten según las especificaciones del tratamiento y se elimine la obligación de vacuna antirrábica e identificación de hurones de caza.
Esta proposición quería que los tratamientos y vacunaciones de los animales, así como los reconocimientos sanitarios obligatorios y su periodicidad, "se establecerán reglamentariamente de acuerdo con lo que dispongan las especificaciones técnicas de las vacunas de que se trate, tanto para primovacunación como para las revacunaciones".
En el caso de perros y gatos, cuya vacunación antirrábica es obligatoria, la proposición eliminaba la obligación de visita veterinaria anual o bianual estableciendo que esta sería previa a la vacunación.
El desarrollo reglamentario de la ley foral, ha criticado el parlamentario de Na+ Miguel Bujanda, establece la obligación de vacunar contra la rabia anualmente a perros, gatos y hurones, lo que supone a su juicio "un disparate en bienestar de los animales" ya que la Agencia Española del Medicamento establece que proporcionan tres años de inmunidad.
Para Bujanda esto es "sobreinmunizar a un animal por capricho" y su no modificación, "un atentado contra la salud de los animales". Además, ha señalado, también implica un mayor gasto para los propietarios de estos animales pues triplica el precio de una vacunación que ronda los 60 euros por dosis.
La proposición de ley planteaba asimismo que la identificación y vacunación antirrábica fuese "voluntaria" en el caso de "hurones cuya aptitud principal sea la caza y que no realicen movimientos a otros países".
Estos animales, ha indicado Bujanda, se utilizan para "controlar y gestionar la sobrepoblación que existe en muchos pueblos de Navarra de conejos de campo", una "plaga" que provoca daños "millonarios" en cultivos e infraestructuras.
A su juicio, esta obligatoriedad desencadenará en una reducción de la caza con estos animales con el consiguiente daño al entorno debido a que el chip más la vacuna, pasaporte y documentación pueden suponer alrededor de 100 euros por animal.
Por el PSN, Javier Lecumberri ha criticado la presentación de esta proposición de ley sobre una cuestión ya negociada, ha considerado que "no son los laboratorios" los que tienen que marcar las pautas de vacunación, sino las autoridades sanitarias, y ha defendido la vacunación y control de los hurones de caza por su riesgo de transmisión de enfermedades.
Lecumberri ha coincidido en la necesidad de esperar a que se apruebe la normativa estatal en esta materia con Pablo Azcona, de Geroa Bai, quien ha advertido de la necesidad de contar con un censo de hurones, considerando que una vacunación e identificación voluntaria "no es ni efectivo ni garantista para el conjunto de la sociedad".
Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha mostrado su disposición de "abrir una mesa de trabajo, pero con todos los sectores implicados", ha defendido la identificación de animales "como medida efectiva contra el abandono" y ha considerado que no existe un problema de sobreinmunización entendiendo que se estará administrando vacunas con efecto para un año.
Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha referido que la identificación de los hurones va en consonancia "con la estrategia de tenencia responsable de animales y de salud pública y animal" y ha considerado que la pauta de vacunación "depende de criterios sanitarios y epidemiológicos", al tiempo que ha incidido en la necesidad de esperar a la aprobación de la ley estatal.
Marisa de Simón, de I-E, ha defendido que esta propuesta no contribuye a mejorar el desarrollo rural sino que "le perjudica" y que la exclusión de los hurones "puede poner en riesgo a esa población del mundo rural".