La Comisión Europea ha presentado la propuesta de reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios en el marco de la estrategia De la Granja a la Mesa, con la que actualizará la normativa aplicable a estos productos, que data del año 2009 (Directiva 2009/128). Al optar por un reglamento, en lugar de una directiva, la Comisión Europea pretende reforzar la aplicación de la normativa. La propuesta establece la obligación de que los Estados miembros fijen objetivos de uso y reducción de productos fitosanitarios a nivel nacional, con arreglo a criterios comunes, de manera que en el año 2030 se pueda alcanzar el objetivo de reducción del 50% en el conjunto de la Unión Europea (UE). La propuesta refuerza igualmente el empleo de la gestión integrada de plagas, ya recogida en la normativa de 2009, para fomentar el uso de medios de lucha alternativos a los productos fitosanitarios y el empleo de productos de menor riesgo sanitario y medioambiental.

En el marco del Plan de Acción Nacional aplicado conforme a la directiva europea actualmente en vigor, el Ministerio de Agricultura realiza una intensa labor de coordinación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas, así como de información y cooperación con el sector para reducir el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios y para fomentar el empleo de la gestión integrada de plagas. Fruto de esta labor, la evolución del uso y el riesgo de estos productos en nuestro país muestra una tendencia de reducción positiva. De la misma manera, el Ministerio viene apoyando el empleo de agentes de control biológicos en la lucha contra plagas y enfermedades, así como la extensión de las guías de gestión integradas a todos los cultivos.

Agricultura ha apostado por el fomento de la agricultura de precisión para la reducción del uso de productos fitosanitarios. Así, en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se contempla una línea de apoyo de 79 millones de euros para inversiones en agricultura de precisión y tecnologías 4.0.

El departamento de Luis Planas valora que la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea se base en la evolución de los indicadores de riesgo armonizado con los que ya se vienen trabajando y que permita a los Estados miembros fijar sus propios objetivos de reducción, en base a criterios comunes, de manera que se tengan en cuenta sus propias particularidades y se pueda dar continuidad al trabajo realizado. No obstante, existen aspectos de la propuesta que deben mejorarse en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la Unión Europea. Será necesario, por ejemplo, clarificar cómo se aplican determinados elementos. Aunque se mantiene el enfoque iniciado por la Directiva de 2009, la propuesta es demasiado compleja, por lo que será necesario hacer un esfuerzo de simplificación de algunos aspectos, aseguran desde el Ministerio de Agricultura.

España participará activamente en el procedimiento de discusión y aprobación de esta propuesta en el Consejo de Ministros de la UE y en el Parlamento Europeo para que su resultado permita mejorar la sostenibilidad de nuestras producciones agrarias, favorezca la rentabilidad de las explotaciones y nuestra agricultura mantenga la seguridad alimentaria para los ciudadanos.

Del dicho al hecho...

La idea de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios en menos de diez años es ambiciosa y, desde luego, el sector estaría encantado de poder llevarla a cabo, pero las cosas a pie de campo no son sencillas. Nacho Senovilla, secretario general de Agricultura de UPA, explica a Cultum que lo que pretende Bruselas es limitar la toxicidad de lo que se aplica a los cultivos. «Cada producto tiene una puntuación en una escala de peligrosidad y no será lo mismo limitar el uso de los productos que se emplean en el cereal, con una puntuación baja, que otros que se utilizan, por ejemplo, para desinfectar el suelo antes de plantar fresas, que se consideran muy tóxicos», indica Senovilla. Lo que esto significa es que es que si se limitan ciertos productos muy peligrosos, se pueden ver afectadas muy pocas hectáreas a nivel nacional y a pesar de ello se cumplirían los objetivos marcados por la Comisión.

El responsable de UPA cree que precisamente la fresa se va a ver muy afectada por esta medida y que el Ministerio ha previsto que eliminando ciertos productos que se emplean en unas 300.000 hectáreas (y cuyo uso se autoriza de manera especial desde hace años), España habría cumplido con lo previsto para 2030. «Dentro de un mes habrá revuelo en Huelva por este asunto», adelanta Senovilla.

Por su parte, desde COAG apuntan que el margen de tiempo es escaso, toda vez que las propias empresas que fabrican los productos que se pretenden limitar y también aquellos que deberán sustituirlos argumentan que sacar al mercado una nueva sustancia exige de grandes inversiones y años de pruebas.

El agricultor no tendría problemas en eliminar de sus parcelas determinados productos, pero debe disponer de otros que hagan un papel similar a un precio parecido o el abastecimiento de alimentos para la población correría peligro, indican desde la organización agraria. Si la eficacia de la nueva sustancia no es igual, el rendimiento de los cultivos caerá; y si el precio es demasiado elevado los profesionales no podrán asumir ese gasto o, si lo asumen, la producción se encarecerá, lo cual tendrá repercusión en los lineales. Y ese es otro asunto que puede traer problemas, porque el ciudadano medio, a priori, siempre se muestra a favor de aumentar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, pero si eso supone un aumento de precio en la cesta de la compra ya no se suele ver con tan buenos ojos.

Otro problema que puede traer esta medida es la competencia con terceros países. Con esta medida aumentarán las restricciones en lo que se refiere a fitosanitarios, mientras que a los países de fuera no parece que se les vaya a exigir nada similar. Actualmente se está trabajando para poder pedir a productores de fuera de la UE los mismo requisitos que a los locales, pero Planas ya se ha expresado pidiendo cautela, porque esas exigencias podrían llevar a encontronazos que no convienen para las relaciones comerciales de la Unión Europea.