«Creo que con 16 años la gente no está capacitada para muchas cosas, así que entiendo que no pueda votar», comenta Rubén, un chico que este fin de semana cumple 17. Sin embargo, María, con esa misma edad, está deseando participar cuanto antes en la fiesta de la democracia. El debate de rebajar la edad para ejercer el derecho de sufragio está en las calles, pero también en el Parlamento meses antes de las elecciones locales, regionales y generales que se celebrarán en 2023. La iniciativa, impulsada desde el Congreso, tiene en Unidas Podemos a su más ferviente defensor.  

El Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), dependiente de Derechos Sociales, y el Consejo de la Juventud, plataforma de entidades juveniles, reclaman desde hace tiempo la reforma porque, explican, es a los 16 años cuando los menores adquieren una gran parte de sus responsabilidades como ciudadanos. 

«Si a esa edad se puede trabajar, casarse y pagar impuestos, también se puede decidir sobre quién los administra», alegó el pasado mayo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que animaba a los grupos parlamentarios en un pleno del Congreso a debatir y aprobar en lo que queda de legislatura esta iniciativa, que ya pasó, sin embargo, sin pena ni gloria, por el Parlamento en 2020, cuando el Senado rechazó una reforma de la ley electoral propuesta por ERC para rebajar la edad del voto, a la que se opusieron el PSOE, PP y Ciudadanos. Al menos les queda a sus promotores el consuelo de que este caballo de batalla está registrado en la Estrategia de Juventud 2022-2030 tras ser aprobado en Consejo de Ministros. 

Siendo prácticamente imposible que la medida vea la luz esta legislatura, la directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), María Teresa Pérez, asume que la aprobación de esta propuesta va a llevar mucho más tiempo del que les gustaría.

En la misma onda está el responsable político de comunicación del Consejo de la Juventud, Juan Enrique Gallo, que ve «injusto» que se considere que los jóvenes «no son maduros o no están desarrollados para poder votar, pero si puedan tener todas las obligaciones como ciudadano».

Al igual que Belarra, el responsable de redes sociales del PP valenciano sostiene que si pueden trabajar, casarse, conducir, autorizar una operación, tener responsabilidad penal e incluso utilizar armas para cazar o participar en competiciones deportivas, también deberían poder «decidir cómo quieren que avance su país». Para Gallo, la desafección con la política por parte de la juventud es una desafección únicamente «partidista». Es una «generación crítica» implicada en múltiples causas, desde el feminismo a la lucha contra el cambio climático, pero «no se sienten representados por los políticos actuales».

En este último punto acierta de lleno el joven dirigente conservador, ya que la inmensa mayoría de las decenas de adolescentes de 16 años consultados confiesan que no se fían de los representantes de la res publica. Nadie se salva. «Mienten todos, ninguno cumple con su palabra», proclama de forma vehemente Raúl mientras María lamenta que «el dinero corrompe». 

Desafección

A muchos de ellos les produce un rechazo tan grande la política que tuercen el gesto cuando se les pregunta por ella. Como si se tratara de un tema tabú, de algo que implica hacer frente a unas responsabilidades de adulto que no están dispuestos a asumir desde su atalaya de los 16 años. Muchos de ellos prefieren callar. Es el caso de Alejandro y su cuadrilla. A él, a Sergio, a Álvaro, a Rubén, a Irene, a Ruth y a Lucía únicamente les interesa que legalicen el botellón. ¿Más allá? La Play, las pagas, las chicas, los chicos, la moto...  

Ese poco interés por votar, que otros menores como Abi también reconocen, parece que no le convence lo más mínimo a la responsable del Instituto de la Juventud, que pide «dejar atrás la visión que infantiliza a los jóvenes y los mira con superioridad».

Quizá sea buen momento para echar un vistazo a los países más cercanos. Tienen derecho de sufragio activo con 16 años en Austria, Malta, Bélgica (solo en las elecciones europeas), Hungría (si está casado), Alemania (en cuatro de las 16 regiones para las municipales), el Reino Unido (en Escocia y las islas de Jersey, Man y Guersney solo para asuntos locales). Serbia, Bosnia, Croacia y Eslovenia, aunque en el caso de estos países balcánicos se exige que el menor tenga trabajo.   

En Alemania, Miguel y Julia dan clase en sendos institutos y coinciden en señalar que es algo que no despierta el más mínimo interés en ese país. «Los verdes alimentan el debate desde hace muchos años porque les prometen a los jóvenes que van a legalizar los porros», comenta la docente, que añade: «¡Y ya lo hacen!».