La asociación de consumidores Irache ha recibido en los tres primeros meses del año más de dos mil consultas y reclamaciones relacionadas con el mercado de la luz, el primer asunto de atención seguido por el de los afectados por el cártel de coches, con 1.500 casos.

Muchas persona, dice Irache, han acudido a la asociación para entender por qué sus facturas se han encarecido hasta incluso duplicarse, para lo que hay que conocer si se está en el mercado libre o regulado (PVPC).

En este último caso la energía consumida está directamente vinculada al marcado mayorista, que lleva meses disparado, y de hecho en 2021 el coste medio de la tarifa regulada se ha incrementado en 229 euros. Mientras que si el contrato de la luz firmado se vincula al merco libre hay que fijarse en el precio que se aceptó por kilovatio/hora, la potencia y la existencia o no de servicios vinculados.

Irache precisa que, en la coyuntura actual, el mercado libre puede ofrecer precios energéticos más favorables salvo que existan servicios vinculados que lo encarezcan y que los contratos sean de vigencia corta, solo de unos meses, lo que permite a la compañía la actualización de precios en poco tiempo.

El consumidor puede sin embargo cambiar de compañía en cualquier momento y la permanencia no podrá superar el 5% de la energía estimada a consumir en el tiempo incumplido, por lo que comparar ofertas y asesorarse puede ayudar a contrataren mejores condiciones y así reducir algo el precio del recibo.

Si la oferta incluye gas, Irache aconseja analizarla detenidamente y agrega que en este momento la tarifa regulada es más barata que la del mercado libre, entre un 40% y un 100% en 2021, por lo que en contratos combinados conviene valorar la oferta de forma conjunta.

En el caso del cártel de la venta de coches entre 2006 y 2013, la asociación indica que en el primer trimestre del año ha recibido consultas o quejas por parte de 1.500 personas afectadas.

En total se han realizado reclamaciones a 26 marcas de vehículos para evitar que el caso prescriba y se supere el plazo para poder reclamar, y en caso de negativa a indemnizar o de falta de respuesta, se ofrece llevar el asunto a la vía judicial

Fue en 2015 cuando la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multó con casi 130 millones de euros a concesionarios y fabricantes de coches que aglutinaban al 91% de las ventas en España por prácticas anticompetitivas entre 2006 y 2013, que pudieron generar un incremento de precios según ha ratificado el Tribunal Supremo.

Demostrada la existencia del cártel, se abre la vía para que los consumidores puedan reclamar los daños sufridos, con un encarecimiento en general de alrededor del 10%, desde 1.500 a más de 9.000 euros.

En principio, puede unirse a la acción cualquier persona que hubiera comprado un coche de las marcas afectadas entre febrero de 2006 y julio de 2013, si bien habrá que comprobar que no se ha superado el plazo de prescripción, y para preparar las reclamaciones se necesita la documentación relativa al vehículo y su compra, como el contrato de compra, de financiación, las facturas, la ficha técnica o el permiso de circulación.