Esta semana se ha celebrado un encuentro de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. En la agenda de asuntos a abordar destacaban dos que mantienen expectante al sector ganadero español -una potencia mundial-, pues pueden suponer cambios que afecten de manera sensible a su actividad. En concreto, se trata de posibles variaciones (o prohibiciones) en el transporte de animales vivos (que afectaría tanto al comercio interno como a las exportaciones a terceros países) y de la inclusión de las instalaciones con más de 150 Unidades de Ganado Mayor (UGM) en la Directiva de Emisiones Industriales comunitaria.
Hace un año, centenares de terneros tuvieron que ser sacrificados en el puerto de Cartagena por sus malas condiciones después de pasar más tiempo del debido en buques de transporte debido al rechazo a su recepción en los países compradores por motivos sanitarios. El caso fue muy mediático y el Parlamento Europeo reaccionó afirmando que «debe haber una transición hacia un sistema más eficiente y ético, que favorezca el transporte de semen y embriones del ganado reproductor, y de canales y carne en lugar de animales para ser sacrificados». Era un primer paso para lo que, parece ser, se pretende hacer ahora, que es prohibir el transporte de animales vivos.
Portugal, respaldado por España, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y Rumanía, planteó el debate sobre este asunto en la reunión de los titulares de Agricultura. Estos países -periféricos- de la UE están (estamos) a favor de revisar la normativa que regula estos desplazamientos de ganado en aras de mejorar los estándares de bienestar animal, pero no de prohibir los movimientos de animales. Como ejemplo de los posibles efectos en la ganadería española baste recordar que, cada semana, a nuestros país llegan 75.000 cerdos vivos.
Bruselas aprieta a la ganadería - Foto: Alberto RodrigoSin embargo, al parecer hay miembros comunitarios que abogan por vetar esta actividad. Fuentes diplomáticas reconocen que hay «un grupo de países, sobe todo del norte de Europa, más en el centro, que están en contra del transporte de animales vivos» justo cuando la Comisión Europea tiene previsto presentar este año una propuesta sobre la revisión de la legislación que regula este asunto.
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, quiso ser claro después de la reunión: «Se deben mejorar los procesos y solo en situaciones muy justificadas y excepcionales prohibir el movimiento de animales. Este es un tema muy sensible para nuestra ganadería y la de todos los países periféricos de la UE». «Creemos que hacen falta enfoques proporcionados y no prohibitivos», señaló el político español, que subrayó que «formamos parte de un mercado único que hay que preservar, aunque las condiciones en relación con las temperaturas y la duración de los trayectos sean diferentes en nuestros países miembros». «Es importante mejorar el bienestar, en particular en el transporte. Hemos adoptado medidas en España», añadió el ministro.
El sector tampoco se muestra de acuerdo con la posible prohibición. Joaquín Gargallo es responsable de Vacuno de Carne de COAG y considera que se trata de un asunto geoestratégico que está más orientado al transporte por mar y que hay que tener en cuenta que países que han propuesto el veto, como Alemania o Países Bajos, no venden a territorios -árabes en su mayoría- del Mediterráneo, que sí constituyen un importante comprador para España y otros estados comunitarios. Añade que, el año pasado, «nuestro país exportó 320.000 cabezas de vacuno, pero importó 230.000», compras que en principio no deberían ser necesarias. «Hay que buscar circuitos cortos», enfatiza, pero no prohibir.
Bruselas aprieta a la ganadería - Foto: Ángel AyalaDesde UPA manifiestan que «el transporte debe seguir realizándose, sin menoscabo de que las normas de bienestar animal se refuercen y sean primordiales. Bienestar animal sí, por supuesto, pero transporte de animales vivos también. No olvidemos que España es una potencia ganadera y debe seguir siéndolo. Entendemos que no hay ninguna lógica en ese debate en los términos en los que algunos países lo están planteando». La organización agraria hace referencia a la apuesta de ciertos miembros de la UE por técnicas de obtención de carne industrial de laboratorio que, a día de hoy, consideran «irreales» y que «están muy lejos de ser una opción para alimentar a la población. La ganadería no es un capricho».
Unión de Uniones, por su parte, manifiesta, en consonancia con la propuesta presentada por Portugal, que «el objetivo principal de la revisión de la legislación debe ser facilitar el comercio intracomunitario de alto bienestar y la exportación de animales vivos y no centrarse en medidas encaminadas a prohibir o limitar determinados tipos de transporte. Desde la organización concluyen que, «si esto no se hace así, el efecto será el contrario del buscado: un empeoramiento del bienestar animal, obligando a aprovisionarse en países terceros de mercados menos exigentes que la UE en estos aspectos».
Emisiones.
Otro de los asuntos importantes para la ganadería que se abordó en la reunión de esta semana fue la consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las explotaciones. Las revisiones propuestas por la Comisión Europea amplían el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales (IED) al incluir disposiciones especiales para la cría de aves de corral, cerdos y ganado vacuno en virtud de las cuales se rebaja el umbral por encima del cual se incluyen las instalaciones porcinas y avícolas en el ámbito de aplicación de la IED (a 150 Unidades de Ganado Mayor) y se añade la ganadería bovina al ámbito de la directiva con el mismo umbral.
También el Parlamento Europeo está trabajando en paralelo en este asunto para adoptar un informe sobre la propuesta de la Comisión. En su proyecto de informe inicial, Radan Kanev (PPE, Bulgaria), ponente de la propuesta en la Comisión de Medio Ambiente, propuso eliminar del ámbito de aplicación de la propuesta a la ganadería de vacuno, porcino o avícola realizada en el contexto de la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar y la agricultura ecológica y elevar a 300 UGM el umbral a partir del cual las explotaciones ganaderas estarían reguladas por la directiva.
En relación con la modificación de los umbrales se señaló la necesidad de tener en cuenta las particularidades de las distintas regiones de la UE, eximir a las pequeñas y medianas explotaciones y a aquellas que apliquen prácticas de producción sostenible, prever periodos transitorios adecuados, identificar posibilidades de financiación adicional para compensar a los profesionales afectados y evitar la carga y los costos administrativos adicionales desproporcionados que los ganaderos podrían tener que soportar al aumentar su contribución a la reducción de emisiones, que tocarían en mayor medida a las granjas de menor tamaño, las que en principio quiere potenciar la UE.
Joaquín Gargallo, de COAG, lamenta que, una vez más, y ya son demasiadas en los últimos tiempos, la ganadería vuelva a estar en el punto de mira por cuestiones medioambientales. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ganadería emite un 9,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, muy por detrás de sectores como el del transporte, la industria o la obtención de energía.
Y Gargallo hace hincapié en que solo se tienen en cuenta las emisiones, pero no el secuestro de carbono. «Las ganaderías extensivas son secuestradoras de carbono y las pequeñas instalaciones, como los cebaderos de las comunidades del norte, también secuestran aunque trabajen en régimen intensivo. Se deben tener en cuenta las características de cada explotación». Además, explica, «se está trabajando mucho en mejorar la alimentación de los animales para reducir las emisiones de GEI».
Para UPA, poner el umbral en 150 UGM prueba que «es una cuestión que no se ha valorado lo suficiente. Nosotros representamos a la pequeña y mediana ganadería y 150 UGM no es que sea pequeña, es que ínfima. La norma no puede suponer un freno. Esos umbrales deben crecer». Añaden que «desde luego, una granja no es una fábrica en términos de emisiones y tampoco económica, social y medioambientalmente. Producimos alimentos, eso no hay que olvidarlo, y respetando toda la normativa. Las emisiones se van reduciendo año tras año y la sostenibilidad del sector aumenta». Y concluyen pidiendo «una reflexión fuerte sobre este y otros aspectos que afectan a la ganadería. La Comisión Europea debe andar con pies de plomo».
El ministro Planas se manifestó tras la reunión en la misma línea que el sector. El responsable de Agricultura consideró «excesivamente bajo» el umbral de 150 UGM, aunque la principal reclamación que hizo España, junto a otros miembros de la UE, es que la directiva diferencie entre métodos de producción porque, según incidió Planas, la ganadería extensiva tiene efectos medioambientales «tremendamente positivos que hay que tener en cuenta». Llamó a las autoridades europeas a «distinguir entre especies y modelos productivos teniendo en cuenta las emisiones que generan y la utilización de las mejores técnicas disponibles bajo un análisis riguroso coste-beneficio».
Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, aseguró que los parámetros «clave» que tiene en cuenta la propuesta de revisión de la directiva son el tipo y tamaño de la granja, la densidad de los animales y las especificidades de los sistemas basados en pastos. Añadió que se busca un equilibrio entre la reducción de las emisiones y la «proporcionalidad de la carga administrativa» a la que estarán sometidos agricultores y ganaderos con la futura directiva.
Afirmó que para tener un «enfoque equilibrado», solo las explotaciones ganaderas de mayor tamaño quedarían cubiertas por la directiva, «responsables del 43% de las emisiones de metano y del 60% de las emisiones de amoníaco» de la ganadería de la UE. Son un total de 185.000 explotaciones. «Representan menos de un quinto de las granjas ganaderas de la UE. Por tanto, la propuesta ya concentra esfuerzos en las granjas más grandes, que son las que pueden conseguir más a un menor coste», indicó.
La reunión de los ministros de Agricultura tocó también otros asuntos, como el etiquetado de la miel. En un documento suscrito por la gran mayoría de los países miembros se pone el acento en que la miel importada de terceros países, que a menudo se utiliza en mezclas en el mercado de la UE, suele ser significativamente más barata que la miel producida en territorio comunitario. Cuando los consumidores eligen esta miel más barata, no reciben información completa, clara e inequívoca sobre su origen. Por eso, las normas actuales de etiquetado de origen de la miel colocan a los productores de miel originarios de un solo país en una posición de desigualdad en comparación con los productores de mezclas de miel.
Estos países se han posicionado a favor de un etiquetado de origen más claro para la miel y también la estrategia 'De la Granja a la Mesa' prevé una ampliación de las indicaciones de origen para determinados productos. Igualmente, en las consultas públicas impulsadas por la Comisión se constató la opinión sobre los actuales requisitos insuficientes para el etiquetado obligatorio del origen de la miel. Por lo tanto, estos estados miembros consideran que es el momento adecuado para introducir en la revisión de la Directiva sobre la miel la obligación de indicar cada país de origen y su respectiva proporción en las mezclas.
El coste para el vacuno.
Cultum ha tenido acceso a un documento interno de la interprofesional PROVACUNO en el que se hace balance de los gastos que puede suponer para el sector del vacuno de carne la inclusión de las explotaciones por encima de 150 UGM en la Directiva de Emisiones Industriales. En primer lugar, aclara que en España, el número de granjas de este tipo que se verían afectadas por esta normativa asciende a 3.506, de las que 2.063 son de nodrizas y 1.443 son de engorde. Después desglosa las acciones que habrían de llevarse a cabo en cada instalación: la necesidad de obtención de la Autorización Ambiental Integrada; el mantenimiento de un sistema de gestión ambiental; una declaración anual de emisiones y parámetros contaminantes, que incluiría los contaminantes a la atmósfera (metano, amoniaco, óxido nitroso, y partículas) y al medio acuático (nitrógeno, fósforos, etc.); y la inversión en aquellas mejores técnicas disponibles (MTDs) en las granjas que se consideren en su momento con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Esto, según PROVACUNO, representa un impacto total de la aplicación de la directiva de emisiones de 183.025.250 euros, que supone un coste medio inicial por explotación de 4.400 euros más otros 3.579 euros anuales durante el primer lustro.