La guerra desatada por Rusia contra Ucrania, que ha paralizado la exportación de una serie de productos agrarios para la alimentación de las cabañas ganaderas -trigos, maíz o girasol-, ha tenido una grave incidencia en el conjunto de los mercados mundiales de las materias primas. Ello se ha dejado sentir en el conjunto de la Unión Europea, pero muy especialmente en el caso de España dado que somos un país con una gran dependencia de las compras en el exterior, que algunos años han llegado a superar los 15 millones de toneladas, fundamentalmente de maíz y trigo.
En el caso de Ucrania, las importaciones de maíz se situaban en una media de tres millones de toneladas que suponen entre el 20% y el 30% de las compras en el exterior, otras 250.000 toneladas de girasol y unas 800.000 toneladas de trigos, lo que agrava los ya disparatados incrementos de los precios de los piensos y coloca a las explotaciones ganaderas al límite, además de otras subidas para otros productos ligados a la panadería, bollería o pastas.
Pero, al margen de ese impacto sobre los mercados y la alimentación, el conflicto provocado por Putin en Ucrania ha desnudado y dejado en evidencia los agujeros, riesgos y contradicciones de la Política Agraria Común en sus actuales estrategias dominadas por la política verde, abandonos de superficie, rotaciones, reducción de tratamientos en cultivos y cabañas ganaderas, a la vez que se abren las fronteras a mayores importaciones. Todo ello conduce a políticas encaminadas a incrementar la dependencia alimentaria del exterior en ciertas producciones estratégicas.
Entre los años finales de los años cincuenta y la década de los sesenta del pasado siglo, la media docena de países miembros de lo que hoy es la Unión Europea decidían en Roma la puesta en marcha de la Política Agrícola Común, entre otros objetivos claves, para asegurar una autosuficiencia alimentaria y no depender del exterior y, a la vez, apoyar la rentabilidad de los agricultores para seguir en la actividad, fundamentalmente con precios de garantía y compras en intervención.
La aplicación de la PAC dio lugar a un fuerte incremento de las producciones y, con ello, a la existencia de elevados excedentes que, entre los costes de compra-almacenamiento y exportación a precios de saldo, se comían el presupuesto comunitario. Desde entonces, la PAC ha sido un camino de bandazos, con medidas para reducir la oferta, techos, cuotas, eliminación de precios de garantía y de los mecanismos para regular los mercados y finalmente aplicación de las ayudas directas. Todo esto hasta llegar a la situación actual, donde se ha potenciado la política verde con impacto directo sobre la reducción de la oferta propia en aras de la seguridad alimentaria y la defensa del medio ambiente, a la vez que se abren más fronteras a las importaciones de terceros a quienes no se piden las mismas exigencias a la hora de producir.
En el marco de esta política agrícola comunitaria se hallarían medidas como el abandono del 5% de de las tierras de cultivo como Superficie de Interés Ecológico para explotaciones con más de 15 hectáreas o lo dispuesto en las estrategias 'Del campo a la mesa' o 'Biodiversidad UE 2030'. Estos proyectos plantean, entre otras cosas, una reducción del 50% en el uso de productos fito y zoosanitarios, del 20% en el uso de fertilizantes o que en 2030 el 25% de los cultivos sean ecológicos, además de las exigencias en materia de bienestar animal.
De acuerdo con los propios análisis de la Comisión, la aplicación de esta Estrategia se traduciría en un recorte de las producciones entre un 5% y un 15%, con una caída de los precios del 10%, una menor rentabilidad y, sobre todo, una menor competitividad frente a las importaciones no comunitarias. En lo que se refiere al medio ambiente por la emisión de gases efecto invernadero, los estudios de Bruselas estimaban una reducción de los mismos en un 28,4% hasta 2030, si bien no se hacía una evaluación del aumento de las emisiones en terceros países para lograr esas producciones para exportar.
Administración agraria y el sector coinciden en la necesidad de adoptar medidas en el marco de la PAC, de afrontar algunas revisiones para que esta herramienta cumpla con los todos objetivos para los que fue creada.
«No tiene ningún sentido», señala el presidente de ASAJA, Pedro Barato, «que, en aras de una mayor seguridad alimentaria, algo que ya se cumple en la actividad agraria, o para reducción de emisiones de efecto invernadero, Bruselas obligue al sector con sus diferentes estrategias a producir menos y más caro, poniendo en peligro el autoabastecimiento agroalimentario y aumentando la dependencia exterior por intereses políticos o económicos de otros sectores, a precios más bajos». Entiende que esas políticas ya han afectado a la actividad de diferentes sectores al impedirles competir con las importaciones procedentes de terceros países con bajos costes laborales y menores exigencias a la hora de producir, frente a las impuestas por la UE. «Esas políticas», apostilla, «se manifiestan ahora en situaciones como la guerra de Ucrania».
Desde Agricultura, el ministro Luis Planas, sin plantear directamente esas críticas a la PAC, con sus actuaciones y propuestas ha puesto sobre la mesa el mismo problema al reclamar a Bruselas cambios en su aplicación de acuerdo con las posiciones de las organizaciones agrarias. En esa dirección se hallan las peticiones para importar soja y maíz genéticamente modificados -algo que siempre defendió ASAJA, pero a lo que también siempre se opuso COAG-, o la dejar en barbecho el 5% de la superficie de una explotación cuando supere las 15 hectáreas de cultivo.
En la misma dirección se hallaría la reciente reunión del ministro español con el grupo de expertos sobre el abastecimiento alimentario, encuentro en el que puso sobre la mesa los problemas que puede plantear una drástica bajada de la oferta de producciones en un momento en el que crece la demanda en todo el mundo. Esto aumentaría la dependencia exterior con el consiguiente riesgo de situaciones de desabastecimiento.