Con los encarcelados por el procés ya indultados, la anunciada reforma del delito de sedición se antoja como el siguiente paso del Gobierno relacionado con el frente judicial del 1-O, ya que podría ser una salida para el expresident Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida. Un cambio normativo que, sin embargo, difícilmente les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

El independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle. E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarias por los gastos del referéndum ilegal.

Hay quien confía que la reforma del delito sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España, cuya situación personal constituye para su partido, JxCat, uno los principales escollos que impiden desbloquear el «conflicto catalán».

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un «concepto predemocrático» del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas.

Un cambio poco profundo del precepto legal -cuya derogación temen algunos sectores porque despojaría al Estado de esa herramienta penal ante otro eventual procés en el futuro- dejaría a los líderes independentistas huidos en manos del Supremo y posiblemente con la cárcel como horizonte, ya que también podría ser acusado de malversación. De hecho, los consellers de su Govern más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo por un delito de sedición, aunque también en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, la de Oriol Junqueras.

«Yo le animo a que vuelva, sería juzgado por los tribunales españoles, que lo tienen reclamado. Es un huido de la justicia», apuntó ayer el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, sobre Puigdemont al que, según subrayó el socialista, «no le afectan» los indultos concedidos por el Gobierno central. 

¿Y otros encausados?

Si las esperanzas de la reforma de la sedición son limitadas para los huidos, su impacto sería nulo sobre las causas que afrontan otros políticos a raíz del procés, desde el expresidente del Parlament Roger Torrent, investigado por desoír al Constitucional, a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la organización del 1-O.

Por la logística del referéndum están procesados además por hasta cuatro delitos otros 29 empresarios y cargos del Govern acusados de participar en los preparativos del 1-O, entre ellos la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. A ellos se suman la decena de alcaldes investigados por su apoyo al referéndum -el exconseller de ERC y exalcalde de Agramunt (Lérida) Bernat Solé ya está inhabilitado por ello- o los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, absueltos en primera instancia pero pendientes de que la Audiencia resuelva el recurso de la Fiscalía.

Además, en paralelo, el Tribunal de Cuentas reclama sumas millonarias a medio centenar de cargos públicos del Govern por los gastos derivados del referéndum del 1-O y de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, entre ellos al propio Puigdemont, al expresident Artur Mas o al que fuera conseller de Economía Andreu Mas-Colell.