La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil han realizado inspecciones en distintos clubes de fútbol de diferentes puntos de España que han militado en la Segunda División B en los últimos años ante posibles delitos de fraude a la Seguridad Social.
Según informó este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social, estas inspecciones se realizaron "con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otras infracciones vinculadas al uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas, dejando en lugar de desprotección a los y las deportistas profesionales".
Las actuaciones se han llevado a cabo en Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares y están enmarcadas en la lucha contra la corrupción en el deporte y el fraude, debido a que se detectó una problemática generalizada en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol y especialmente en los clubes de la tercera y cuarta categoría del fútbol nacional.
Estas inspecciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.
El ministerio recalcó que esta actuación se inició "a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once equipos de 2ªB en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los clubes que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social".
A raíz de ello, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en colaboración con los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil iniciaron una campaña para la detección de la comisión de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por los diferentes equipos.
"Esta práctica, por una parte, genera un menoscabo al Sistema de la Seguridad Social por estar ingresando menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de sus futbolistas y, por otro lado, genera grandes perjuicios a los propios futbolistas pues se les priva de los derechos que le asiste la seguridad social por su relación laboral con los clubes", advirtieron desde el ministerio.
Por ese motivo, y desde el momento en el que "tuvieron conocimiento de esta práctica", los investigadores se pusieron en contacto con distintos agentes del mundo del fútbol "para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubes".
Esto motivó también una reunión de la RFEF con todos los presidentes de Segunda B y Tercera División en noviembre de 2019, "de acceso público en Internet", y que "resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema". Por ello, tras constatar la normalización de este fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores. En este caso concreto además se ha realizado en el desarrollo de la lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.