La Fiscalía ha rebajado las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Cataluña y para los gastos del 1-O enmarcados en el denominado 'procés'. El Ministerio Público ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat'. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O para un total de 3,4 millones de euros.

Según ha informado la Fiscalía en una nota informativa, recogida por Europa Press, los cálculos han sido presentados este miércoles en la demanda de 130 folios contra 35 excargos de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio Público ha defendido que su trabajo ha sido "minucioso" y que ha atendido --"por razones de coherencia"-- a la postura procesal de la Fiscalía en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados o procesados.

Así, ha explicado que la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento "disminuye de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque "los demandados y las cuantías son divergentes".

Gastos del 1-0

En el marco de la nota informativa, la Fiscalía ha incidido en que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó a los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, entre otros, por el delito de malversación".

En este caso, el Ministerio Público ha estimado pertinente reclamar la responsabilidad contable al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También ha incluido en su demanda a tres "rebeldes": el expresidente del Govern Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Por su parte, ha acordado no formular demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuran en el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. Y ha excluido, a su vez, al que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda Josep María Jové, a su ex directora general Natalia Garriga así como al ex director general de Patrimonio Francesc Sutrías.

En este apartado, relativo al 1-O, la Fiscalía ha reclamado el importe total de 1.219.838,63 euros. La cifra queda por debajo de lo que fijó el Tribunal de Cuentas en su acta liquidación provisional, donde se estimaban unos gastos por 3.903.294,86 euros y de lo que calculó la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana, que llegó hasta los 3.466.335,91 euros.

Gastos de la acción exterior 

Además de los gastos vinculados al referéndum de 2017, parte de la demanda también deriva de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el denominado Diplocat.

Según ha precisado la Fiscalía, incluye tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros del Govern como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.

Este apartado afecta a "presidentes y consejeros de las dos legislaturas" y a "personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados". Así las cosas, la Fiscalía ha asegurado que el criterio seguido "intenta ser coherente con las resoluciones judiciales" del Tribunal Supremo y de la Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas. En concreto, ha subrayado los principios de seguridad jurídica, libertad de opinión, análisis de la no invasión de la competencia exclusiva del Estado y unidad de actuación del Ministerio Fiscal.

El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503,8 euros. Cabe recordar que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711,09 euros y el reclamado por Sociedad Civil Catalana ascendía a 1.843.471,11 euros. La Fiscalía ha matizado que en este caso se hace referencia a personas y a hechos "solo parcialmente coincidentes", por lo que ha advertido que "no es posible hacer una comparativa".