El Gobierno ha salvado el trámite en comisión parlamentaria del proyecto de ley de promoción de planes de pensiones gracias al apoyo del PNV y la abstención de EH Bildu, que ha pactado con el Ejecutivo este jueves un alza de las pensiones no contributivas, viudedad, orfandad e invalidez del 15 % hasta final de año.
Tras unas negociaciones hasta el último minuto y una complicada y confusa votación de enmiendas, el dictamen del proyecto de ley se ha aprobado con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto, mientras que en contra se han posicionado PP, Ciudadanos y ERC y se han abstenido Vox y EH Bildu.
El proyecto, que ha incorporado una cuarentena de enmiendas en su paso por la Comisión, pasa al pleno del Congreso de la próxima semana.
Entre esas enmiendas están cinco del grupo parlamentario Unidas Podemos, entre ellas, la que elimina el límite máximo en las bases de cotización a la Seguridad Social.
Fuentes parlamentarias han explicado que el grupo socialista habría votado a favor, por error, estas enmiendas de Unidas Podemos, algo que la portavoz socialista Mercè Perea ha tratado de solventar y, ante la negativa del letrado, ha asegurado que emitirá un voto particular en el pleno que verá esta norma.
No obstante, algunos grupos se han visto agraviados por la incorporación inesperada de estas enmiendas de Podemos y han votado en contra del proyecto de ley, como es el caso de Ciudadanos, que todo apuntaba que iba a respaldar la norma.
Acuerdo con Bildu
La ley, uno de los hitos del plan de recuperación para este año, busca favorecer el desarrollo de los planes colectivos de pensiones, minoritarios en España frente a los individuales, a través de la negociación colectiva, y apoyados en la creación de fondos de promoción pública.
La Comisión del debate del dictamen de la ponencia y las enmiendas al proyecto de ley de planes de pensiones ha transcurrido con dificultades, ya que muchas de esas incorporaciones llegaban vivas y se estuvieron negociando hasta el mismo momento de la votación en un nuevo complejo equilibrio del Gobierno para sacar adelante el proyecto.
Así, poco antes de iniciarse la votación, EH Bildu ha anunciado que se abstendría en la votación del dictamen de la ley y no obstaculizaría su tramitación, tras comunicar que había logrado un acuerdo con el Gobierno para que todas las pensiones no contributivas, las de viudedad, orfandad o invalidez, incrementen sus cuantías mensuales un 15 %.
Esta medida, han explicado, será incluida en el nuevo decreto anticrisis que el Gobierno aprobará próximamente, y como mínimo se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando sean los presupuestos generales del Estado de 2023 los que deban determinar su revalorización.
El diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha defendido el papel de estos planes de pensiones, fruto de la negociación colectiva, y ha puesto como ejemplo su implantación en el País Vasco, una experiencia que debería ahuyentar "fantasmas" sobre algunas visiones dogmáticas
El PP se opone y pide cambios
El PP, que ha avanzado su voto en contra del dictamen, ha señalado que su "línea roja" es que se permita un periodo transitorio de 5 años para poder transitar de los planes individuales a los colectivos.
"El Gobierno lo ha hecho fatal en la tramitación (...) le queda una semana (...) puede arreglarlo", ha subrayado su diputado Tomás Cabezón.
La diputada de Ciudadanos María Muñoz ha destacado que se han incorporado las enmiendas de su grupo que en principio fueron vetadas y que suponen mejoras fiscales y de gobernanza, como el límite a la capacidad del Gobierno de impedir determinadas inversiones con los fondos.
Así, ha destacado que se equiparan las aportaciones de autónomos y asalariados en 8.500 euros anuales, se aumenta a 4.000 euros la deducción fiscal en IRPF para autónomos y permite la deducción en el impuesto de sociedades de la cuota integra en un 10 % para salarios brutos inferiores a 27.000.
El PdeCat también ha puesto en valor esa enmienda sobre el impuesto de sociedades. Frente a esto, ERC ha criticado tanto las formas como el fondo del proyecto al que se opone.
En su intervención, el diputado de VOX Pablo Sáez ha criticado que esta norma se queda corta en sus propuestas de incentivos fiscales, que consolida la discriminación respecto a los territorios forales y que apuesta por el "dirigismo" por parte del Gobierno.