Las delegaciones de ambas comunidades estuvieron encabezadas por Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, y Gemma Ubasart, consejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat respectivamente.
A juicio de Santos, "es importante establecer complicidades con comunidades que creen en procesos de justicia, como es la justicia restaurativa, como estamos apostando nosotros en Navarra y con quien, como es el caso de Cataluña, lleva muchos años pudiendo realizar políticas de Ejecución Penal que nosotros hemos iniciado en la Comunidad Foral en esta legislatura".
Santos estuvo acompañado durante la jornada por el director general de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas y por el director del Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, Jorge Ollero. Mientras tanto, por la delegación catalana estuvieron presentes, entre otros, Armand Caldero, secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, Lidia Ayora, jefa del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico, Gisela Torms, directora general de Ejecución Penal y Justicia Juvenil y Encarna Bodelón, directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación especializada.
Asimismo, la reunión contó con la presencia de Esther Giménez-Salinas i Colomer, Síndica de Greuges de Catalunya (Defensora del Pueblo), y Carme Guil, magistrada de lo Penal en la Audiencia Provincial de Barcelona y presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación.
La delegación navarra expuso los fundamentos de la ley de Mediación, Justicia Restaurativa y Practicas Restaurativas Comunitarias, que se encuentra actualmente en el Parlamento de Navarra en trámite de enmiendas, que fue acogido por los responsables de Cataluña como la punta de lanza a nivel del Estado, ya que hasta el momento no hay ninguna comunidad que haya ordenado legislativamente todos los procesos de resolución alternativa a los conflictos.
Por su parte, los responsables de la Generalitat expusieron diversos programas que mantienen con la población reclusa en los centros penitenciarios de Cataluña, un aspecto en que el son la comunidad pionera a nivel del Estado ya que disponen de las competencias plenas en materia penitenciaria desde 1983. Trabajo y formación en prisión, talleres restaurativos y programas de detección de procesos de radicalización en las prisiones catalanas, son algunos de los temas que se expusieron desde Cataluña, que cuenta con una población reclusa de 7.000 personas por las 300 que se encuentran en el centro penitenciario de Pamplona.
LEY CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Por otro lado, en la jornada de la tarde del lunes, el consejero Eduardo Santos y la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, celebraron una reunión con la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tania Vergue, y la directora general de Migraciones, Refugio y Antiracismo, Eunice Romero, en el que la delegación navarra tuvo ocasión de exponer la situación en la que se encuentra la ley contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra, en el caso catalán todavía se encuentra en exposición pública, a la vez que intercambiar impresiones sobre la necesidad de descentralizar el sistema de asilo y refugio del Estado español que en 2022 volvió a registrar cifras récord.