Los productores de carne de pollo, la fuente de proteína animal más consumida de España, han atravesado un verano con los costes disparados y con una enorme incertidumbre de cara a los meses de septiembre y octubre. La causa, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), es que las integradoras no están pagando un precio justo por la labor de crianza y engorde que realizan los granjeros, un trabajo cuyos costes están disparados. Los tórridos meses de julio y agosto que hemos sufrido han complicado aún más la situación de los granjeros, pues los costes energéticos para refrigerar las instalaciones y mantener el bienestar animal se han disparado para las casi 5.000 granjas que producen carne de ave en España.
UPA, que lleva varias semanas exigiendo a las integradoras que trasladen a los granjeros el incremento del precio del pollo que están pagando los consumidores, ha explicado que estas grandes empresas siguen sin respetar la Ley de la Cadena Alimentaria, al no estar reconociendo el incremento de costes de los productores. «Lo estamos pidiendo por activa y por pasiva», reconocen desde UPA; «si no hay incremento del precio pagado a los granjeros habrá protestas frente a las integradoras y su patronal», advierten. Según explica la organización agraria, en España el sector avícola tiene una fuerte estructura oligárquica: más del el 80% de los pollos sacrificados en España son procesados por apenas diez empresas integradoras. «Su poder es enorme y su responsabilidad, también», aseguran desde la organización agraria.
«Solo pedimos lo que es justo», remarcan, «que los granjeros perciban por su trabajo un precio adecuado al incremento de costes que acarrean». Hoy por hoy, los granjeros apenas perciben 0,15 euros de los 3,29 que pagan los consumidores por el kilo de pollo, menos de un 5%.
El sector avícola es un sector joven y con posibilidad de ser rentable, pero acarrea un gran endeudamiento, de más de 500 millones de euros en su conjunto, debido a las inversiones necesarias para modernizar las granjas. UPA reiterado su exigencia al Gobierno y a las comunidades autónomas de que actúen para lograr que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y se cubran los costes de producción de los granjeros.
Nada nuevo.
La situación del sector no es nueva, como tampoco lo es la reivindicación de UPA para que la subida del pollo en los lineales repercuta en los ganaderos. Ya en el mes de marzo, la organización denunciaba que «el aumento de costes de la producción de carne de pollo ha puesto a las explotaciones avícolas familiares al borde del cierre. Los costes energéticos suponen entre el 75% y el 80% de los costes variables de explotación y en torno al 25%-30% de los costes totales, en función del nivel de amortización de las instalaciones». Y hacían hincapié en que «la reciente modificación de la Ley de la Cadena obliga a las empresas integradoras a revisar los contratos existentes y asegurar al productor una remuneración por encima de los costes de producción. Los contratos de integración tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de contratos. Esta ha sido una de las reivindicaciones históricas de UPA, y por fin es una norma de obligado cumplimiento».
Menos de un mes después, a primeros de abril, UPA hacía público un comunicado en el que lamentaba «el incumplimiento masivo de la Ley de la Cadena en el sector avícola» y daba visibilidad al hecho de que «el incremento de los precios de los alimentos que se está produciendo en las últimas semanas no se está trasladando en la mayoría de los casos a los agricultores y ganaderos».
Semanas más tarde, a finales de mayo, la organización insistía de nuevo en que el sector avícola se ha convertido en un «triste baluarte del incumplimiento generalizado de la Ley de la Cadena» y hacía ver que muchas integradoras siguen trabajando sin firmar contratos con los granjeros y sin permitirles cubrir sus costes de producción. «No hay ninguna excusa para que algunas empresas sigan trabajando sin contratos firmados y sin revisar el precio que pagan a los ganaderos», aseguraban entonces desde UPA.
Y ya entrado el mes de julio, UPA volvía a denunciar la situación y pedía a la distribución que no le hiciera el juego a las integradoras: «Que no compren un kilo de pollo que no cumpla la Ley». «Menos de un 5% del precio que paga un consumidor por el kilo de pollo llega a los granjeros. Un porcentaje irrisorio y totalmente insuficiente que no ha dejado de bajar en los últimos meses», lamentaban desde la organización. Además se mostraban sorprendidos por la reciente autorización por parte de la Unión Europea de importar pollo procedente de Marruecos. Desde UPA aseguran desconocer qué se esconde tras esta decisión, pero a su juicio «no es difícil imaginar que las industrias quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles».
En resumen: ante la actitud de las integradoras, que siguen sin repercutir las subidas de precio a los avicultores, UPA saldrá a la calle para reivindicar lo que ética y legalmente les corresponde a los avicultores españoles.
El peso del sector.
Según el Ministerio de Agricultura, en 2021 se sacrificaron un total de 787 millones de aves (descenso del 1,57% respecto 2020), que representaron 1.629.454 toneladas totales (reducción de un 4,60% respecto a 2020). Estos datos sitúan a España como el tercer productor de carne de ave en la UE, por detrás de Polonia y de Francia.
Cada persona consumió en nuestro país 13,6 kilos de carne de pollo en el año 2020, con un gasto de 59,80 euros. Fue, un año más, la carne fresca más consumida, por delante del cerdo o el vacuno. La producción de este importante alimento la llevaron a cabo 7.116 granjas de pollos.