Los ministros de Agricultura de la OCDE y de otros nueve países asociados mostraron la semana pasada su preocupación porque casi la mitad de la ayuda pública al sector es «potencialmente dañina para los esfuerzos a largo plazo para luchar contra el cambio climático y para otros retos de los sistemas alimentarios». En una declaración al término de dos días de reunión en París, los representantes de esos 47 países y de varias organizaciones internacionales lamentaron en paralelo que las inversiones en innovación, en bioseguridad, en infraestructuras y en otros servicios generales pesen poco en esas ayudas.

En concreto, únicamente representan un 13% de las transferencias al sector agrícola, un porcentaje inferior al 16% que suponían hace dos décadas, cuando esas inversiones se consideran tan importantes para un crecimiento sostenible de la productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que para conseguir el objetivo de eliminar el hambre en el mundo y limitar las emisiones para cumplir los objetivos climáticos de los Acuerdos de París, en la próxima década la productividad en la agricultura tendría que progresar un 28%, lo que significaría triplicar el ritmo del último decenio.

Por su parte, España no comparte la posición crítica de la OCDE con las ayudas públicas al sector agrícola, a las que acusa de distorsionar los mercados, favorecer a los grandes productores y en muchos casos ser dañinas con el medio ambiente, sino que por el contrario las considera esenciales para la estabilidad del sector. «Si hay unas subvenciones en el mundo bien empleadas, son las que apoyan a nuestros agricultores y ganaderos, que yo les llamo apoyos, porque son necesarios, a diferencia de la producción de coches o de televisores», afirmó en París el ministro español de Agricultura, Luis Planas.

En reacción a la doctrina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), expuesta por su secretario general, el australiano Mathias Cormann Planas replicó: «Respeto el punto de vista de la OCDE y de su secretario general, pero no lo comparto», dijo. Insistió en que «todos los países del mundo, llámese Política Agraria Común (PAC) u otros instrumentos, tenemos mecanismos de apoyo al sector agrario». Y citó el caso de India, que ha puesto en marcha un programa para subvencionar la compra de fertilizantes dotado con el equivalente del 1 % de su producto interior bruto (PIB).

Hizo hincapié en que los agricultores, a diferencia de otros sectores, están sometidos a la meteorología y eso supone que más allá de los seguros agrarios, también necesitan un apoyo a la renta que en la Unión Europea viene de la PAC y que es «un factor de estabilidad». El ministro, igualmente, defendió los cambios que se han introducido en la Política Agraria Común que entrará en vigor a el próximo 1 de enero. Porque de los 47.724 millones de euros que debe recibir España en ese periodo, el 43% tendrá una «vinculación directa» con objetivos ambientales y ese dinero también va a contribuir a la digitalización del sector primario.