El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario. Este plan contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 y con ello se prevé generar un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. El Gobierno trata así de dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que se tendrá que hacer frente en la próxima década.

El PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial. El sector agroalimentario contribuye con casi un 10% al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96% de las más de 30.500 empresas son pymes.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, resaltó que se trata de un proyecto dirigido a un sector «estratégico» para España desde el punto de vista económico y social y destacó que «hoy (por el martes) es un gran día» porque es «uno de los grandes pilares», junto a la Política Agraria Común (PAC), la Ley de la Cadena Alimentaria, el regadío sostenible y los seguros agrarios. «Es un elemento muy importante de impulso» para el campo y las gentes que viven en él y de él.

Planas añadió que el PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con los objetivos de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector. Además, dada la importancia de la rama agroalimentaria en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.

Tres ejes.

El PERTE se ha diseñado para que pivote sobre tres ejes (digitalización, sostenibilidad e innovación). El primero de ellos recoge un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria con una dotación de 400 millones para facilitar la mejora de los procesos de producción vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad. En concreto, se financiarán actuaciones de ahorro energético en planta; implantación de instalaciones de energía renovable y autoconsumo; la puesta en marcha de sistemas de aprovisionamiento sostenible o propuestas para el diseño del ciclo de vida integral de un producto.

Al segundo se destinarán 454,35 millones y detalla medidas para apoyar el proceso de adaptación digital para que se extienda a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor. En este apartado, destaca el Programa Kit Digital para las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias, así como para autónomos, y que está dotado con 275 millones. Ese programa pretende que los beneficiarios digitalicen sus procesos o pongan en marcha una tienda en línea. En este punto, Planas destaca además el desarrollo del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) para avanzar en la digitalización del cuaderno de campo.

Es un eje que cuenta además con el desarrollo de un programa para fomentar la creación de cooperativas de datos digitales compartidos (50 millones) o una línea de préstamos participativos para pymes agroalimentarias que les permitan poner en marcha innovaciones (33 millones).

El tercer y último eje de este PERTE está dotado con 148,56 millones de inversión pública y contiene medidas específicas de apoyo a la innovación y a la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Una de las líneas de I+D+i que se realizará de la mano de las comunidades autónomas permitirá avanzar, a través de varios proyectos prioritarios de agroalimentación y de las ciencias del mar, en productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad (dotado con 90,6 millones).

Reacciones diversas.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera «positivamente» el PERTE aprobado, aunque también ve «insuficiente» la dotación económica prevista para la industria. «Creemos que, dado el peso de la industria española de alimentos y bebidas en la economía del país, la cuantía asignada es insuficiente para transformar el sector», ha señalado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo. En este sentido, el responsable de FIAB confía en que el PERTE, en lo relativo a la industria, se vea complementado con una línea de ayudas directas que permitan esa definitiva transformación.

Por su parte, el sector ganadero-cárnico español considera que permitirá avanzar en sostenibilidad y digitalización. Las organizaciones interprofesionales ASICI (cerdo ibérico), Avianza (carne avícola), Intercun (sector cunícula), Interovic (ovino y caprino de carne), Interporc (porcino de capa blanca) y Provacuno (carne de vacuno) mostraron su satisfacción por la aprobación del proyecto.

A su juicio, esta iniciativa permitirá «avanzar en los horizontes de transformación del sector bajo las palancas de la sostenibilidad y la digitalización, para apuntalar la posición española en la vanguardia europea y mundial del sector cárnico». Las asociaciones agradecieron al Gobierno la consideración del sector agroalimentario como «estratégico» y recordaron que muchas empresas de la cadena, tanto ganaderos como industrias, ya están desarrollando un plan estratégico sectorial ligado a los fondos europeos.

La oposición, concretamente el PP, por boca de la portavoz popular de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, aseguró que el PERTE es el «plan del tocomocho» y una «tomadura de pelo» porque «sólo hay 150 millones de ayudas directas al sector». Marcos esgrimió en su intervención que, de los 1.000 millones asignados a este PERTE, «sólo 400 van de verdad a la industria agroalimentaria». A su vez, 250 millones de esos 400 son para préstamos por lo que para ayudas directas quedarían 150 millones, destacó la portavoz popular.

Los 600 millones restantes «es dinero que ya estaba» en otros planes y se han añadido al PERTE «para sumar»; además de ser unos fondos a los que podrán acceder «todos los sectores económicos», más allá de la agroindustria. De ahí que califique de «tocomocho» este proyecto en el que el Gobierno hace de «trilero» al estar «cambiando el dinero de distintos sitios».