La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que Navarra está utilizando su autonomía fiscal "en favor de la ciudadanía", puesto que está sosteniendo "unos servicios públicos que están entre los mejores del país", y ha rechazado que esa autonomía fiscal se utilice para "el desmantelamiento de la propia Administración mediante la rebaja de impuestos", señalando que "sin impuestos no hay servicios públicos".

En la apertura de una jornada organizada por el Gobierno de Navarra sobre el Convenio Económico, Chivite ha asegurado que "podríamos adelgazar las prestaciones a la mínima expresión y abocar a la ciudadanía a utilizar lo que no paga en impuestos abonando servicios privados". "Hay quienes defienden y aplican este modelo ultraliberal que está en las antípodas de lo que promueve este Gobierno, y menos cuando esas rebajas impositivas se diseñan para beneficiar en exclusiva a quienes más tienen. Dudo de si es un modelo eficaz, de lo que sí estoy segura es de que no es un modelo justo", ha dicho.

Por otro lado, durante su intervención, la jefa del Ejecutivo ha defendido la figura del Convenio Económico por el valor que representa como acuerdo entre Navarra y el Estado y ha señalado que hacer pedagogía del Convenio "ha sido un empeño del Gobierno de Navarra desde que se aprobó la ley del 1990, porque explicar el Convenio puede ser complicado pero no es imposible".

Según Chivite, "el problema con el Convenio no es entender su funcionamiento interno, la principal dificultad que nos encontramos quienes tenemos que defenderlo fuera de Navarra es que existen muchos prejuicios contra los que a veces es difícil luchar". "El Convenio Económico no es un privilegio fiscal, lo hemos tenido que defender públicamente en numerosas ocasiones y lo seguiremos haciendo", ha asegurado.

Así, la presidenta ha afirmado que "el Convenio Económico supone sobre todo una mayor responsabilidad, implica que Navarra diseña sus propias políticas fiscales, pero también conlleva el sostenimiento unilateral del grueso de los servicios públicos, sin contar con la responsabilidad solidaria del Estado".

A continuación, la presidenta ha señalado que "esta autonomía requiere de una obligación extra para los responsables políticos y técnicos de la Administración foral". "Contar con una Hacienda propia nos dota de un celo añadido a la hora de diseñar las políticas públicas y de implementarlas", ha indicado.

María Chivite ha afirmado que, "para hacer pedagogía del Convenio Económico, más que explicar su trasfondo técnico, habría que incidir en sus consecuencias prácticas, porque todos sabemos que quien trabaja la generación de sus propios ingresos acaba administrándolos de forma más eficaz, y es algo a lo que probablemente no le damos importancia porque es nuestro día a día, pero si suele ser bastante destacado por terceras personas". "Que Navarra suela ser de las comunidades más solventes a la hora de ejecutar fondos europeos o especialmente eficaz cuando toca justificar actuaciones ante otras administraciones, creo que en parte tiene su origen en este celo que asumimos en la gestión de la cosa pública debido a nuestra condición foral", ha dicho.

Además, María Chivite ha apuntado que "no solo se habla de privilegio fiscal de puertas hacia fuera, cada cierto tiempo, solemos escuchar expresiones similares por parte de personas con responsabilidades públicas que viven y trabajan en la Comunidad". "Estas personas asumen que la capacidad que nos otorga el Convenio Económico para diseñar nuestra fiscalidad debería utilizarse como ventaja fiscal a favor de la ciudadanía y no puedo estar más de acuerdo", ha dicho.

En ese sentido, ha defendido que "Navarra es solidaria con el resto del Estado y utilizamos nuestra autonomía fiscal y financiera para sostener unos servicios públicos que están entre los mejores del país, porque nuestros hijos e hijas disfrutan de un sistema educativo que destaca en su calidad y en su equidad, porque nuestro sistema de salud cuenta con las mejores infraestructuras sanitarias y con unas condiciones de trabajo que no están ni siquiera en el horizonte de las pretensiones de otros sistemas sanitarios en España, y porque la protección social que hemos construido para nuestros mayores nos permite compararnos con los países más avanzados del mundo".

Chivite ha señalado que "son tres ejemplos que ilustran muy bien que Navarra sí ejerce en favor de su ciudadanía la ventaja que supone su autonomía fiscal regulada a través del Convenio". "Con lo que no estoy tan de acuerdo es con quienes defienden que la autonomía fiscal debería destinarse al desmantelamiento de la propia administración mediante la rebaja de impuestos, en primer lugar, porque aunque parezca obvio, de vez en cuando hay que recordar que sin impuestos no hay servicios públicos", ha afirmado.

EL CONVENIO ECONÓMICO

El Convenio Económico es el sistema de financiación propio de Navarra, que deriva de sus derechos históricos, que se encuentran amparados por la Constitución.

Jornada sobre el Convenio Económico - Foto: EFELa Hacienda foral tiene la potestad para establecer y recaudar los impuestos correspondientes a su territorio, y con los ingresos obtenidos financia los servicios públicos de su competencia (sanidad, educación, políticas sociales o carreteras).

Por otra parte, mediante una contribución conocida como aportación económica, satisface al Estado el importe correspondiente a las competencias que no tiene asumidas y que, por tanto, la Administración central presta en su territorio.

Para regular este sistema, el Convenio establece y armoniza las relaciones tributarias y financieras entre Navarra y el Estado, y fija el mecanismo para calcular la aportación económica.

Este sistema surgió a mediados del siglo XIX, cuando Navarra perdió su condición de Reino y se integró en lo que podría denominarse como mercado único español. En sus más de 170 años de existencia, ha coexistido con regímenes políticos y tributarios de toda clase, hasta adaptarse a las exigencias establecidas por la Unión Europea para el mercado común europeo.

Según ha explicado el Ejecutivo foral, el Convenio Económico tiene su origen en la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que se promulgó tras la primera Guerra Carlista para integrar el régimen privativo de Navarra dentro de la estructura del Estado. Esta modificación se llevó a cabo con la participación de Navarra, de ahí que también se le conozca como Ley Paccionada.

En la práctica, supuso la desaparición del Viejo Reino, que pasó a convertirse en una provincia más, pero conservando una amplia autonomía. En lo económico, mantuvo la capacidad para establecer y recaudar sus propios tributos, aunque con límites.

Desde entonces, Navarra y el Estado han acordado cinco convenios para adaptar el régimen foral al escenario político y socio-económico de cada momento. Han sido en 1877, 1927, 1941, 1969 y el último en 1990, cuyo texto continúa vigente.