El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado convocar el pleno extraordinario que le pedían los vocales conservadores, alegando que estos no han acompañado su solicitud con el nombre de al menos dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), lo que supone neutralizar la maniobra de este grupo de vocales para votar antes de que se apruebe la reforma legal que favorecería al actual aspirante del sector progresista: José Manuel Bandrés.

Según ha informado este martes el órgano de gobierno de los jueces, Mozo ha tomado esta decisión después de que nueve de los diez vocales conservadores del CGPJ le reclamasen el pasado 9 de diciembre la convocatoria de un Pleno extraordinario para elegir los dos candidatos al TC que corresponde designar al Consejo.

Mozo esgrime que "la petición así formulada no puede ser atendida en aplicación del artículo 35, párrafo segundo, del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno cuando se solicite la celebración de una sesión extraordinaria".

Y añade que la solicitud realizada tampoco cumple con las reglas del juego aprobadas en el Pleno del pasado 8 de septiembre, refiriéndose en concreto a la necesidad de que dicha convocatoria incluya los nombres de al menos dos candidatos y el currículum de los mismos.

Estos nueve vocales -Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea- habían pedido votar los dos candidatos al TC con carácter urgente (antes del Pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre), ante la reforma legal propuesta por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el 'modus operandi'.

Los socios de Gobierno proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes a la corte de garantías, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades hasta penales.

Además, dicha enmienda contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que -según explican las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: Bandrés.

Intercambio de papeles

Las citadas fuentes explican que la intención de los vocales conservadores era anticiparse a la reforma legal -que podría quedar aprobada la próxima semana tanto en Congreso como en Senado debido a su tramitación exprés- para votar con las normas actuales, que les permiten mantener la situación de parálisis a la que se llegó el pasado 2 de diciembre, cuando los progresistas ratificaron la candidatura de Bandrés y los conservadores insistieron en reclamar más candidatos.

El problema de fondo es que los vocales conservadores no aceptan a Bandrés -aunque formalmente no han hecho tacha alguna- y que de momento no han lanzado ningún candidato, si bien las fuentes aseguran que manejan seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Las mismas fuentes sostienen que en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas durante el mes de octubre.

Por contra, el ala progresista del CGPJ -que hasta ahora urgía a sus homólogos conservadores a proceder con los dos nombramientos al TC- ve necesario no solo esperar al Pleno ordinario de la próxima semana, sino incluso posponer cualquier votación sobre la dupla para el Constitucional a que la reforma legal entre en vigor, para que el Consejo se pronuncie ya con el nuevo sistema.

Así las cosas, los roles de uno y otro bloque parecen haberse invertido a raíz de la reforma propuesta, ya que en estos momentos los vocales conservadores piden acelerar, mientras que los progresistas abogan por aguardar.

Nueva reunión de los conservadores

Algunos vocales conservadores barajaban la posibilidad de emprender acciones legales contra Mozo, si rehusaba convocar el Pleno extraordinario, al entender que el reglamento interno del CGPJ obliga al presidente a hacerlo si lo piden al menos cinco vocales. No obstante, las fuentes subrayan que no es una postura unánime en el seno del sector conservador.

En este contexto, el bloque conservador celebrará este mismo miércoles una nueva reunión interna donde decidirá el siguiente paso con el objetivo de adelantarse a la aprobación parlamentaria de la mencionada reforma.

Las fuentes precisan que la única alternativa es enmendar el defecto de forma señalado por Mozo y volver a solicitar un Pleno extraordinario pero destapando ya el nombre de dos candidatos. Con todo, avanzan que el cónclave interno de mañana es, básicamente, para decidir qué dos candidatos lanzar.