La ley, impulsada por el Ejecutivo foral, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo de Navarra Suma, que se ha abstenido.

Esta norma tiene por objeto "promover el fortalecimiento de las relaciones institucionales" con la ciudadanía navarra en el exterior para favorecer la "ayuda, la asistencia y la protección" de dicho colectivo, también en lo que atañe al "impulso de la imagen de su tierra de origen" en sus lugares de residencia.

Además, la ley busca facilitar el "retorno voluntario", asegurando el disfrute de los servicios públicos "en igualdad de condiciones" a la población local.

En ese sentido, se prevén "planes de compensación educativa" y se refuerza la posibilidad de acceso a vivienda protegida por medio de una "normativa específica" para quienes decidan regresar. Además, para hacer más viable la incorporación al mercado laboral, se favorecerá la inscripción de los retornados en programas organizados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE).

Por otra parte, se proyecta el desarrollo de acciones tendentes a "visibilizar la memoria histórica de la diáspora, muy especialmente la aportación de las mujeres y de todas aquellas personas represaliadas y huidas a causa de la dictadura franquista y la persecución de bandas terroristas".

Con esas premisas, se establecen una serie de requisitos para que las comunidades navarras en el exterior y sus posibles federaciones consigan el "reconocimiento oficial" por parte del Gobierno de Navarra, así como su "inscripción" en el Registro Oficial de Comunidades Navarra.

El reconocimiento de unas y otras se formalizará mediante acuerdo de Gobierno, previo informe del Consejo de Comunidades Navarras a solicitud de la comunidad o federación interesada, que necesariamente deberá incluir en su denominación la palabra 'Navarra' o 'Nafarroa' o alguna de sus derivaciones.

En virtud de un régimen transitorio que se establece en la ley, las comunidades navarras en el exterior reconocidas como Hogares, Casas o Centros navarros, vasco navarros o similares contarán con un plazo de dos años para solicitar el reconocimiento preciso para su inscripción en el Registro. Durante ese período tendrán los derechos y obligaciones que esta norma establece.

El Registro Oficial de Comunidades Navarras se organizará en dos secciones, una dedicada a las entidades con sede social en territorio de España y otra destinada a las ubicadas en el extranjero.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha valorado el objetivo de la ley de fortalecer las relaciones con las comunidades navarras en el exterior y de ofrecer una serie de cauces para mantener los vínculos con los navarros fuera de la Comunidad foral, pero ha advertido de que "la ley contiene algunos artículos que incurren en serios errores de concepto, que pueden terminar en consecuencias imprevisibles". "No quiero exagerar, pero tienen su importancia", ha explicado.

En ese sentido, se ha detenido en la definición de la ciudadanía navarra en el exterior, señalando que la ley establece que esta ciudadanía "está compuesta por los navarros en el exterior y las personas que por cualquier otra circunstancia se sientan vinculadas a Navarra y ostenten la condición de socio en alguna de las comunidades navarras con independencia de su ciudadanía personal". Iñaki Iriarte ha señalado que "la condición de personas que se sientan vinculadas a Navarra es una condición inverificable" y ha afirmado que los hogares navarros tienen toda la "simpatía" de Navarra Suma, "pero una cosa es que tengan nuestra simpatía y otra cosa es que su pertenencia o no pueda condicionar la pertenencia a la ciudadanía navarra".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha valorado que con este proyecto "se pretende aglutinar en un texto con rango de ley una serie de actuaciones que de una manera o de otra se venían realizando por el Gobierno de Navarra con respecto a la ciudadanía navarra en el exterior" y ha considerado que Navarra Suma ha querido buscar "un pero" como partido de la oposición para no apoyar la norma. Así, ha explicado que los derechos de la ley "están reconocidos a los ciudadanos navarros, no a los que sientan la vinculación con Navarra".

Por parte de Geroa Bai, Jabi Arakama ha destacado que esta ley "soluciona los problemas derivados de la falta de regulación histórica en esta materia y contribuye a la cohesión de Navarra y su ciudadanía". Además, ha subrayado que "esta ley reconoce a los navarros que residen en el exterior derechos de ciudadanía en ámbitos muy relevantes" en las mismas condiciones que los ciudadanos residentes en Navarra. Por otro lado, ha acusado a Navarra Suma de querer generar "cierta confusión" en torno a la ley y ha incidido, al igual que ha hecho el PSN, en que los derechos sólo están reconocidos a los ciudadanos navarros.

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha compartido el objeto de la ley y ha valorado que "en el trámite parlamentario se han aprobado varias enmiendas y se ha enriquecido el texto". "Confiamos en que este proyecto de ley sirva para fomentar el vínculo con la ciudadanía en el exterior, para acercarnos a ella y para conocernos todos", ha explicado.

En la misma línea, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que la ley promueve "ese fortalecimiento de las relaciones institucionales con la ciudadanía en el exterior y establece el soporte jurídico que determina las líneas básicas de actuación que favorezcan las ayudas, la asistencia, la protección y el retorno voluntario".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado su apoyo a la ley, precisando que tiene la duda de "a quién corresponderá adjudicar el carné de navarro por sentimiento".