La crisis que los precios energéticos han provocado y que augura un invierno difícil para muchas familias y también para la actividad económica ha ocupado este lunes en gran medida a los grupos parlamentarios en la primera reunión de la Mesa y Junta de Portavoces tras dos meses de vacaciones, una crisis cuya solución han antepuesto a la precampaña electoral aunque sin cesar en críticas y reproches.

En el orden del día había peticiones de comparecencias de los miembros del Gobierno, de sesiones de trabajo con colectivos sociales, mociones, y preguntas orales y escritas al Ejecutivo sobre numerosos asuntos, a los que en el último momento se ha sumado como actualidad informativa el cambio de portavoz en el Gobierno, con la consejera Elma Saiz en sustitución del vicepresidente Javier Remírez.

Una decisión en la que ha habido acuerdo en que corresponde a la presidenta María Chivite, si bien a partir de este punto cada grupo ha hecho su propia lectura del cambio, desde la convicción de NA+ de que detrás está el "descalabro" que se avecina a los socialistas, hasta la conveniencia de reforzar las explicaciones sobre las medias económicas para paliar la crisis o sobre la gestión de los fondos europeos, que ve el PSN.

En medio han quedado socios y firmantes del acuerdo programático que sin más información sobre los motivos del relevo, según han dicho, sí que han reclamado a Elma Saiz que sea portavoz de todo el Ejecutivo y no solo de su partido.

Pero si con la portavocía del Gobierno se han visto diferentes posturas, la compra de mascarillas en la primavera de 2020, aún guardadas en un almacén con una pérdida para las arcas públicas de 1,2 millones de euros, ha reflejado diferencias aún mayores.

Tras pedir la mayoría al Ejecutivo que dé un uso a este material, el socialista Ramón Alzórriz ha defendido el "rigor y transparencia" del Gobierno y señalado que fue SODENA quien actuó "sin tener competencias", un planteamiento que para Javier Esparza, de Navarra Suma, significa que el PSN pretende "poner el foco en el entorno de Geroa Bai" y esto "demuestra las relaciones tan fenomenales que tienen los socios de gobierno".

Para la coalición las mascarillas son un ejemplo además de "nefasta gestión y nula transparencia" en el que "tendrá que exigirse alguna responsabilidad", mientras que para Uxue Barkos, de Geroa Bai, solo se trata de "un error procedimental" que el Gobierno, al que ha atribuido la responsabilidad, puede solventar con una autorización.

Ha sido Mikel Buil, de Podemos, quien ha marcado unas líneas rojas para su grupo en este tema, la malversación o comisiones "abusivas" como las de "los socios de UPN en Madrid", mientras que Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha hablado de "chapuza y mala gestión" y exigido transparencia, y Marisa de Simón, de I-E, en espera de explicaciones e informes ha mostrado su "sorpresa" por la forma de proceder de Gobierno y empresas.

Unos distintos puntos de vista que aún tienen recorrido antes de que los asuntos que los motivan se salden y que pese a lo dicho por los portavoces hoy cada partido intentará gestionar en función de sus intereses electorales, que tienen un importante peso para todos ellos.

De hecho De Simón ha reconocido que "lo que queda va a ser muy intenso", con un acuerdo programático "viejo" e "insuficiente" y con un Gobierno que va a tener que demostrar "que es de izquierdas" ante iniciativas como la modificación de varios impuestos, entre ellos una subida del Impuesto de Sociedades.

Se trata de una reforma fiscal que desde hace tiempo defienden también otros grupos aunque cada uno en su dirección y que no estará exenta de polémica, como la propuesta del Gobierno de crear una zona para aves esteparias que según NA+ "imposibilitará" el Canal de Navarra y el desarrollo económico en distintas localidades, o la petición de EH Bildu ante la crisis de priorizar inversiones "repensando" proyectos como el Tren de Alta Velocidad.