La secretaria general y senadora del PP de Navarra, Amelia Salanueva, ha mostrado la oposición de su formación a la "contrarreforma" de la ley de Seguridad Ciudadana, que ha considerado "una cesión absoluta a los antisistema" y a los "socios más radicales y populistas de Sánchez".
En opinión de Salanueva, esta modificación, de ser aprobada, "va a dificultar la labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que "van a quedar mucho más desarmados". Pero, además, ha afirmado que "es una ataque a ciudadanos que van a ver mermada su seguridad y libertad". Por ello, ha pedido una "reflexión" y ha destacado que "estamos a tiempo de evitar" que "esta barbaridad y sinsentido pueda consumarse próximamente".
La senadora, que ha comparecido este viernes en rueda de prensa, ha criticado que "este Gobierno ha empezado con la 'ley del sólo sí es sí', dejando impunes, rebajando condenas, soltando a los violadores; más de 700 en estos momentos" pero que "pueden ser más de 4.000 las condenas que pueden verse revisadas". Ahora, ha reprochado, pretende modificar una ley "plenamente constitucional" derogando sus "asuntos más importantes".
Ha señalado, además, que al ser una proposición de ley, impulsada por el PNV, "se han omitido todos los informes preceptivos y obligatorios de los órganos consultivos, que dan una seguridad jurídica a cualquier texto legislativo".
Amelia Salanueva ha asegurado que la ley actual "ha demostrado que es herramienta útil para combinar libertad y seguridad" y ha subrayado que "la seguridad es el fundamento para una sociedad libre y democrática".
En opinión de la dirigente del PPN, el momento elegido para esta reforma es "totalmente inoportuno" en un momento en el que "el incremento de la delincuencia es una obviedad y una evidencia", con un aumento del 22% entre enero y septiembre del 2022 frente al año anterior. Criminalidad que ha subido "en todas las Comunidades Autónomas", especialmente en Navarra, que es "la segunda" donde más ha aumentado la delincuencia respecto a la media nacional, ha asegurado. Según los datos que ha aportado, La Rioja encabeza el incremento de delitos violentos, con un 34,4%, seguida de la Comunidad foral con un 31,8%. Una situación que "no aconseja" la reforma planteada.
Amelia Salanueva ha asegurado que "no hay ninguna justificación para reformar esta ley que ha supuesto un avance en la convivencia" y se ha preguntado si "se quiere aprobar una reforma legal que permita incendiar la calle contra el nuevo Gobierno que nazca de las urnas".
La senadora ha puesto varios ejemplos de los efectos que tendría esta modificación legislativa. Así, ha afirmado que permitirá que se pueda grabar a los agentes en el ejercicio de su trabajo pero, por el contrario, prohíbe a los policías grabar "para poder demostrar los delitos". Además, ha advertido del "caos que puede provocar" que las concentraciones y manifestaciones puedan celebrarse "sin notificación previa", generando una "falta de previsión de la policía para poder actuar".
Por otro lado, ha criticado que "se va a condicionar el valor probatorio de las declaraciones de los agentes" de manera que "van a quedar impunes muchas denuncias". Y ha reprochado que "se obliga" a devolver a detenidos al lugar donde se practicó la detención "como si fueran unos taxistas".
En el apartado de las sanciones, ha destacado que "se reducen de manera considerable" y se condicionan "en función de los ingresos del delincuente o del infractor". Lo que, ha opinado, supone una invitación "a delinquir por parte de los más jóvenes porque saben que no va a tener ninguna consecuencia". "La impunidad va a ser total", ha advertido. Tampoco se va a sancionar la "ocupación de la vía pública por la venta ambulante", lo que "puede ser un problema muy serio" en Sanfermines, ha dicho la senadora.
En este sentido, ha afirmado que pueden quedar "impunes" los altercados durante la procesión de San Fermín mientras no haya violencia. "Si no hay agresión la policía va a estar atada de pies y manos para poder actuar", ha criticado.
Asimismo, ha indicado que la tenencia de drogas "pasa a ser infracción leve", la 'okupación', "salvo que haya violencia, no va a tener una respuesta administrativa" y, en el caso de comunidades con policía propia como Navarra, "se pretende que la Guardia Civil notifique previamente los controles de tráfico de operaciones especiales de terrorismo y droga a la policía autonómica".