Tres meses de pandemia han servido a los gobiernos regionales a prepararse para la era postCOVID-19. A partir de otoño, las comunidades se enfrentarán  solas a los nuevos retos con el día a día ya a pleno rendimiento: aulas con menos alumnos para respetar la distancia de seguridad, servicios de salud con reservas ante un posible rebrote y, algo vital, residencias medicalizadas.

Pero la lección más importante, en palabras del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, es que el Gobierno ha entendido que a las comunidades hay que financiarlas porque son las que prestan los servicios fundamentales.

La primera materia aprendida, según este profesor universitario es que el coronavirus ha puesto el foco realmente en lo imperante y se ha olvidado «veleidades como la independencia de Cataluña».

«Esto ha sido una orquesta y aunque teníamos un director cada uno tocaba el instrumento en su territorio y creo que ha funcionado bastante bien pero se ha sobrepasado. En Madrid y Cataluña el sistema no ha dado de sí».

Hierro también valora que en esta lucha se haya entendido que todas las Administraciones son importantes, «no hay que menospreciar a ninguna».

Y sobre la financiación, deja claro que hay que diferenciar la financiación para gastos sanitarios, de educación o liquidez de empresas de la que entra en el modelo de financiación autonómica, que es un «desastre» y está pendiente de resolver desde hace años.

Uno de los aspectos más conflictivos son las residencias. El experto admite que no se puede negar la atención sanitaria y considera que la Comunidad de Madrid cometió un error «grave» que probablemente le pasará «factura», y como solución apuesta por medicalizar estos centros. Además, propone que los geriátricos tengan espacios para aislamiento y consulta médica. Y si hay una pandemia deberán ser intervenidas, lo que significa poner un funcionario al frente.

Por su parte, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas sostiene que el Sistema Nacional de Salud ha quedado cuestionado porque un modelo «homogeneizado, uniformizado y gestionando directamente la pandemia ha sido calamitoso».

Casasnovas considera que no es lo lógico mantener el mismo techo competencial para una región de 250.000 habitantes que para otra de ocho millones y ve un sinsentido la aspiración de constituir pequeños servicios de salud «con ínfulas de autosuficiencia».

A su juicio, la descentralización sanitaria «a todos por igual» ha tenido un coste elevadísimo. Y asegura que son las autonomías históricas y las que accedieron por el artículo 151 las que deben tener capacidad de gestión.

También estima que es «ineludible» recuperar «aquello de nacionalidades y regiones» y la gestión directa del Insalud para las comunidades con menos músculo.

Gasto público

Los expertos advierten que el gasto sanitario crecerá y está por ver si la financiación pública se mantendrá «firme» para responder a través de más impuestos.

Lo que sí se ha hecho bien son las ayudas europeas. En opinión de López Casasnovas, si este dinero para paliar la crisis de la COVID lo hubieran dado en su totalidad en cash la presión del statu quo sería tal que «lo habrían fagocitado todo manteniendo sus vicios».

La parte más positiva ha sido la movilización de los profesionales sanitarios, que acudieron a salvar el sistema. En su opinión, la crisis ha acreditado su alta capacidad de respuesta.

Pero también ha puesto de manifiesto, a juicio de este exconsejero del Banco de España, que el sistema no estaba preparado para la política de compras. El Sistema Nacional de Salud «no tiene capacidad de compra, ni de reacción».