A iniciativa del PSN, la Cámara ha votado una moción de respaldo a esta ley, que prevé la declaración del Fuerte San Cristóbal como Lugar de Memoria, y por tres veces se han registrado a 20 votos a favor de PSN, EH Bildu y Podemos, 20 en contra de NA+ y 9 abstenciones de Geroa Bai, por lo que la iniciativa ha decaído finalmente.

En la resolución, se pretendía además que el Parlamento instara al Gobierno de España a poner en marcha todas las medidas contenidas en la ley y pedía al Ejecutivo foral que inicie en el plazo más breve posible las actuaciones para la citada declaración y promueva las convenios de colaboración necesarios para ello.

Por último el texto buscaba instar a las distintas administraciones afectadas para que, procurando el consenso, se eliminen, reinterpreten o resignifiquen todos los elementos situados en la vía pública que sean contrarios a la memoria democrática.

En defensa de la iniciativa, Inmaculada Jurío, del PSN, ha recordado que el pasado día 5 se aprobó la Ley de Memoria Democrática que revisa algunas cuestiones de la ley de 2007, corrige déficit e introduce ajustes a la vista de las circunstancias sociales y políticas, la dificultad de implementar algunas medidas, el desarrollo de políticas de memoria autonómicas, las aportaciones y demandas del movimiento memorialista, el avance de las culturas y prácticas de los derechos humanos, y las valoraciones de ONGs y organismos como Naciones Unidas.

Por ello, ha comentado, "se ha articulado una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su integridad, rehabilitando la memoria de las víctimas, reparando los daños causados y evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de violencia política o regímenes totalitarios".

Y ha afirmado que esta ley "pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana".

Ha asegurado así que "para nada ha pretendido fomentar el odio" sino "poner en el centro a las víctimas", "fortalecer una cultura democrática" y "un compromiso con el futuro defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana".

Para Jurío es además una ley que, en materia de reconocimiento de personas que vieron vulnerados sus derechos humanos, complementa a otras como la Ley Foral de reconocimiento a víctimas de la represión de 1936, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo; la Ley Foral de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo o la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Y es una ley que asimismo tiene su propio foco en Navarra, considerando el Fuerte San Cristóbal como Lugar de Memoria, por lo que mediante un convenio se establecerán las actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, por lo que ha criticado que NA+ se "escude en ETA" para negar el reconocimiento y la reparación a las víctimas del franquismo.

Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha reclamado "una gestión pública responsable y compromiso real" y defendido por ello sin éxito la adición de dos enmiendas a la moción: una primera para ampliar el periodo temporal para incluir todas las vulneraciones de derechos humanos desde 1936 y evitar así que quedan fuera de ella casos como la muerte de Mikel Zabalza y una segunda para que el Gobierno central como propietario asuma la rehabilitación integral del Fuerte de San Cristóbal antes de ser declarado Lugar de Memoria

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha indicado que esta ley "es un paso" pero no es la panacea ni el final del camino, porque resulta "insuficiente" al "no garantizar" una reparación integral, "no cuestionar la visión hegemónica sobre la transición, que no fue modélica", y no abordar el GAL ni alcanzar un ámbito temporal que aborde "episodios trágicos" como el de Mikel Zabalza, pero ha pedido "altura de miras" porque es "lo máximo que se ha podido conseguir en el momento actual".

En esta línea, Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha subrayado que esta ley no es el "punto final" pero ha valorado lo que se recoge en ella tras "un trabajo interesante" y ha mostrado la preocupación de su grupo por los recortes e incluso la derogación de la ley con un Gobierno del PP.

En el turno en contra, Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, ha destacado que le ley "olvida a muchas víctimas", ha puesto en duda la finalidad de la comisión técnica para estudiar vulneraciones de derechos humanos al ser una propuesta de EH Bildu y criticado los homenajes y nombres de calles que se posibilitan para personas republicanas "que no eran demócratas".