La situación de los menores migrantes que viven en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla se observa ya no solo por los profesionales que a diario trabajan con ellos sino por la Comisión de Seguimiento integrada por las diferentes administraciones implicadas y que buscan su "integración en el tejido social".
Lo ha dicho la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, preguntada al respecto en el pleno parlamentario de este jueves, donde ha incidido en que la llegada de estos menores, que recorren miles de kilómetros sin sus familias y sufren penalidades en este trayecto, "nos debe interpelar sobre los motivos" que les impulsan.
"Junto al duelo migratorio que viven esos menores, algunos ya desprotegidos en origen, se suman hechos traumatizantes" durante el viaje, ha planteado para defender que "la inmensa mayoría llegan a Europa con la mirada puesta en estudiar y trabajar para tener un mejor futuro, y a eso se dedican la inmensa mayoría", ha dicho para lamentar los "prejuicios racistas o xenófobos" que persiguen a estos chicos, amparados en algunos altercados que se han dado en Marcilla.
Sí que ha reconocido que "siempre hay un pequeño porcentaje de menores mas dañados con conductas disruptivas" que es preciso atender y a ello se dedican los profesionales que trabajan en el centro de Marcilla, ha dicho la consejera tras valorar su "compleja" labor y reconocer que con algunos de estos menores "se dan situaciones, conflictos, alteraciones del comportamiento fruto del daño acumulado por las situaciones vividas".
Con todo ello, ha explicado que el reciente cambio en la gestión del centro por la nueva licitación también se ha acompañado del refuerzo en la intervención con los menores y la potenciación de la formación de los profesionales.
"Se ha reforzado antes y también recientemente tanto la intervención socioeducativa como las medidas de seguridad, y se ha reorientado la organización del centro", ha planteado para insistir en que las situaciones que han vivido estos menores que están en el sistema de protección son "duras y difíciles" y están en el origen de algunos conflictos.
Asimismo, ha explicado que hay una Comisión de Seguimiento en la que se integran representantes del Ayuntamiento de Marcilla, asociaciones del pueblo, Policía foral, Guardia Civil y Gobierno de Navarra, y cuyo fin es "favorecer la integración de estos menores en el tejido social".
Además, personal del Gobierno realiza una constante evaluación y "seguimiento estrecho del centro con visitas semanales y estrecha coordinación", ha subrayado la consejera, quien ante las críticas de Navarra Suma, ha rechazado el "abandono institucional" de este sistema de protección de menores con los gobiernos de UPN, de forma que "si ustedes invertían 16 millones, nosotros dedicamos 35 millones" de euros.
Este Gobierno ha tomado "importantes" medidas de refuerzo del sistema, lo ha licitado con mejoras como la ampliación de ratios, ha firmado el I Convenio colectivo del sector, "necesario para la estabilidad y mejora de las condiciones" de sus trabajadores, se han reforzado las medidas seguridad, y mejorado el trabajo de coordinación con otros departamentos e instituciones, ha zanjado.
Ha sido la respuesta a la cuestión planteada por Uxue Barkos (Geroa Bai) y Marta Álvarez (Navarra Suma), de forma que la primera ha pedido apartar del "discurso partidario" a estos centros de acogida de menores porque "hablamos de acogida, de solidaridad, de la misma manera que lo hacemos cuando hablamos de las víctimas de Ucrania o Afganistán", aunque también ha pedido "no obviar" que existen algunos hechos que deben ser atendidos "con los medios necesarios".
Por NA+, Marta Álvarez ha sido muy crítica con la situación, que ha atribuido a la gestión del Gobierno, cuya "incompetencia" sufren los marcilleses, los trabajadores y los menores del centro, así como la Policía foral en sus intervenciones, ha dicho para considerar que es "un error mayúsculo" que tenga 40 plazas, y ha pedido su reducción a la mitad y la habilitación de otro con el que se reparta a los menores.