Después de su intento del pasado domingo de cometer un golpe de Estado que acabara con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusan de haber accedido al poder tras un fraude en las últimas elecciones presidenciales de octubre, los seguidores de Jair Bolsonaro comienzan a cesar en su empeño. Es más, en una movilización convocada ayer para que una nueva turba invadiese las calles de Brasil para clamar por la destitución de Lula, solo dos personas acudieron a protestar ante miles de agentes desplegados para evitar nuevos asaltos a las instituciones.
Pero más allá de eso, son cada vez más los ultraderechistas que están desencantados con su líder -que se trasladó a EEUU antes de ceder el bastón de mando en una maniobra que muchos ven como un intento por eludir las causas judiciales que comenzarán a sucederse en su contra-. Así, según un sondeo publicado ayer por varios medios nacionales, solo un 10 por ciento de los votantes bolsonaristas apoya los actos antidemocráticos del pasado domingo, que son condenados por el 93 por ciento de la población.
Esa misma encuesta desvela que un 77 por ciento de los brasileños cree que los involucrados en la asonada deben rendir cuentas ante la Justicia, que ya ha empezado a ordenar la detención de algunos cargos públicos, como el jefe de Policía de Brasil y exministro de Justicia, Anderson Torres, que también se encuentra en Estados Unidos y que, pese a asegurar que volverá a su país para rendir cuentas, aún no ha abandonado el territorio norteamericano. Eso sí, existe una amplia variedad de opiniones en cuanto a si todos los involucrados en el asalto deberían ir a la cárcel: el 46 por ciento de los encuestados cree que sí, mientras que un 15 por ciento considera que la mayoría sí, pero no todos.
Sobre quién alentó las violentas protestas, un 55 por ciento de los ciudadanos apunta a Bolsonaro como responsable directo de estos actos antidemocráticos, recordando que el exmandatario sigue sin reconocer públicamente su derrota en las presidenciales y ha puesto en duda en todo momento la fiabilidad del sistema electoral.
Según Lula, los ataques fueron practicados por miles de bolsonaristas radicales que, así como su líder, ignoran el resultado de los comicios y quieren desalojarlo del poder a la fuerza. Una afirmación respaldada por el 45 por ciento de los brasileños, según se desprende del sondeo.
Investigación
Más allá de cargar contra los seguidores del que fuera su rival en las urnas, el presidente volvió a insistir ayer en que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron «conniventes» con los extremistas que tomaron las calles.
«Quiero ver los vídeos grabados dentro de la Corte Suprema y del Palacio de Planalto. Estoy convencido de que sus puertas fueron abiertas para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir, alguien les facilitó el acceso», agregó.
Por su parte, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo Federal que investigue a tres diputados bolsonaristas por «incitar a actos antidemocráticos, violentos y vandálicos» a través de «publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones», lo que podría constituir el delito de «incitación pública al delito».
Ante esta situación, ya son numerosos los ciudadanos que están dando la espalda a Bolsonaro, quien también ve cómo algunos de los que fueran sus cargos de confianza se empiezan a desmarcar de él. Es el caso del exministro de Salud, Marcelo Queiroga, que lamentó que los ataques a las instituciones por un «grupo de radicales» haya «tirado por tierra» los logros económicos del anterior Gobierno.
«No hay una percepción de lo que se hizo por el país. Ahora todo lo que se hizo ha sido tirado por tierra por la acción de unos vándalos. El Gobierno lulopetista había cometido varios errores en la primera semana, pero la acción de esos radicales acabó por ayudar al nuevo Ejecutivo», indicó.