El indulto está regulado en España por una ley que data de 1870. Sin apenas cambios desde entonces, esta normativa establece que «los reos de toda clase de delitos podrán ser indultado (…) de toda o parte de la pena por la que hayan sido condenados». Posteriormente, la Constitución recoge que «corresponde al Rey el derecho de gracia con arreglo a la ley», si bien se trata de un mero trámite ya que la decisión se adopta en el Consejo de Ministros a propuesta del Departamento de Justicia, que llevará aparejada un informe -no vinculante- del tribunal sentenciador que debe incluir todos los datos sobre los penados, incluido un estudio de su conducta y de las «pruebas o indicios de su arrepentimiento». A diferencia de la amnistía, se trata de una medida individualizada y no implica la desaparición del delito, únicamente de la responsabilidad penal.

La figura del indulto no es una excepción en España, ya que existe en todos los países del entorno, aunque cada estado tiene una regulación diferente, aunque en la mayoría de los casos hay muchas más restricciones que en territorio nacional, donde al final es una decisión meramente política, ya que la última palabra es del presidente y su Gobierno. En Francia, por ejemplo, existe un proceso similar que concede el poder total sobre la decisión al presidente de la República. Aparece, sin embargo, un matiz: es el condenado quien debe solicitar la medida de gracia. Eso no ocurre en España, donde puede iniciar el trámite cualquier persona. De hecho, en el caso de los líderes independentistas (que siempre han defendido la amnistía en vez del indulto) fue un abogado catalán, Francesc Jufresa, que no participó en la defensa de ninguno de los acusados, el que lo solicitó para los 12 «por causa de equidad y de utilidad pública».

También en Alemania la responsabilidad recae en el presidente de la República, pero puede delegar tanto en el canciller como en el ministro de Justicia. Además, en los estados federales (Länder), los primeros ministros tienen derecho a indultar en caso de que los delitos no sean de tipo político, como la traición, similar al delito de sedición por el que están en prisión los cabecillas del procés.

Por su parte, si la misma situación que se da en España se produjese en el Reino Unido, los condenados no podrían ser indultados hasta 2029, 10 años después de que se hiciera firme la sentencia. Y es que para ser beneficiario de esta gracia penitenciaria, según la ley británica, hay que cumplir un tiempo mínimo de no reincidencia, que se sitúa en cinco años para las penas que no conlleven cárcel, y 10 para aquellas que sí incluyan la cárcel como castigo. De hecho, históricamente los indultos en el Reino Unido se han concedido de forma masiva, algo prohibido literalmente por la normativa española.

Las Cámaras italianas

En Italia acceder a esta gracia penitenciaria resulta mucho más complicado que en otros países europeos. Y es que aunque la concesión del indulto la firma, como en otros estados, el presidente de la República, la decisión (que se debe consultar con los ministros directamente relacionados con el delito del condenado) depende de las Cámaras legislativas, donde es necesarios el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios en cada una de ellas. Si se trasladase este sistema a España, Sánchez necesitaría el sí de 177 senadores y de 233 diputados.