Podemos ha demandado al Tribunal Constitucional que no actúe de forma "antidemocrática" y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma que desbloquea su renovación antes de que se complete la tramitación parlamentaria en el Senado, aunque ha desgranado que si finalmente resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.
Así lo ha indicado en rueda de prensa la coportavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, para calificar de "gravísima" el posible "golpe blando" a la democracia que podría perpetrar el "aparato de la derecha judicial", si el Pleno del TC admite las medidas cautelares solicitadas por el PP antes de que la proposición de ley se apruebe en la cámara alta.
Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una "línea roja" que amenazaría las bases del sistema democrático.
A su vez, ha denunciado que la actitud del organismo, con un tercio de vocales con mandato caducado, se enmarca en una campaña "antidemocrática" de la derecha española contra el Gobierno de coalición, iniciada desde el inicio de la legislatura y que tiene como ejemplos claros los bloqueos a la renovación del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ahora, en esa deriva impulsada por el PP, que en un principio habló de Gobierno "ilegítimo", se pasa ahora incluso a plantear que el Parlamento también lo es para legislar porque es del "todo incomprensible" que el TC se arrogue la capacidad de intervenir en el propio proceso de conformación de normativas.
Feijóo retoma con "más virulencia la estrategia de Casado"
Y es que Jacinto ha recriminado que el recurso del PP afecta de forma directa al derecho de participación política y sitúa al TC "fuera de la Constitución y de los principios democráticos".
Además, la coportavoz de Podemos ha sentenciado que esta crisis deja patente que la estrategia de supuesta moderación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha "diluido" y que incluso reproduce con "mas virulencia si cabe" la estrategia marcada en su día por el expresidente del partido Pablo Casado.
De esta forma, ha proclamado que la formación morada va a defender la capacidad legislativa del Congreso y del Senado, avanzando que propondrá todas las iniciativas en su mano para renovar los órganos constitucionales, como es el caso del CGPJ y su posición a favor de habilitar la mayoría absoluta para elegir a nuevos vocales.
Por tanto, ha deseado que el TC vuelva a la prudencia, al sentido común, y actúe conforme al derecho y a la propia Carta Magna. Pero cuestionada sobre si finalmente se acordara la suspensión, Jacinto ha sostenido que se tendría que valorar cuando fuera una decisión firme pero entiende que el Congreso y el Senado tienen escritos y elementos jurídicos "suficientes" para no atender una posible paralización de la reforma por el tribunal antes de finalizar su aprobación.
Sin motivos para acatarla
En la misma línea se ha expresado posteriormente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que en rueda de prensa ha explicado que si el TC "interviene de forma inaudita" la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional, donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, "no habría motivos para acatar" tal orden. No obstante, ha recordado que su partido carece de representación en la Cámara Alta.
Echenique ha reiterado la preocupación de su formación por el dictamen del TC, al tiempo que ha advertido "al ala derecha" del tribunal de que desencadenaría una "crisis del sistema democrático sin precedentes" y "cruzando una línea roja muy peligrosa" si admiten el recurso del PP, lo que a su juicio es "consumar el golpe blando interviniendo las competencias constitucionales del poder legislativo". Por lo tanto, ha conminado a estos jueces a "deponer su actitud" y "desconvocar el pronunciamiento".
Asimismo, ha advertido de que si el TC "caducado" paraliza el trámite legislativo se sentaría un precedente que mandaría el mensaje de que "la derecha y la ultraderecha en minoría" pueden utilizar estos recursos "cada vez que una ley no les guste". "La situación es de máxima gravedad" y puede suponer "una alteración para el futuro del funcionamiento democrático", ha insistido.