La juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona imputa al investigado un delito de agresión sexual con violencia, penado con entre 10 y 15 años de prisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

En la comparecencia celebrada este lunes, el Ministerio fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional del imputado, petición a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa, por su parte, ha abogado por la puesta en libertad y ha planteado que se interpusieran medidas menos gravosas, como el control telemático.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez sin embargo considera pertinente la prisión provisional al considerar que existe "un inminente riesgo de fuga, ya que, de la documentación que consta en el atestado, se comprueba que es extranjero, sin arraigo familiar, social ni laboral".

Detenido un joven por agresión sexual a un menor en Pamplona

En concreto, según consta en el auto, cuando el investigado era menor de edad estuvo en un centro de Marcilla y, actualmente, vive en Pamplona en un piso de una asociación de ayuda, con cuatro chicos más, con supervisión de educadores. Desde el Departamento de Derechos Sociales han querido aclarar que el detenido "no estuvo tutelado por el Gobierno de Navarra cuando era menor".

En cuanto a los indicios de criminalidad, la magistrada señala que la prueba preconstituida realizada este lunes a la menor "resulta creíble". La víctima, añade, "presenta un relato coherente y sin contradicciones".

Además, la juez resalta que las diligencias que se han realizado -las investigaciones policiales y los reconocimientos médicos y forenses- constatan evidencias compatibles con los hechos denunciados.

"Existen indicios de que el investigado pueda haber cometido una presunta agresión sexual sobre una menor de 12 años y 11 meses" y de que "dicha agresión pueda haber sido realizada con violencia", asegura la juez, que califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual (violación), que puede ser castigado con "altas penas de prisión, en concreto de 10 a 15 años".

Respecto al investigado, la juez destaca su "nula colaboración" para la obtención de muestras de ADN y el análisis del contenido del teléfono. También indica que se ha acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, no ha prestado una versión de descargo de los hechos imputados.