Así lo recoge el Plan de Inspección de Servicios Sociales 2023, recientemente aprobado por el departamento de Derechos Sociales, en el que se advierte que todos estos centros deberán garantizar, antes de mediados de 2025, el derecho a una atención libre de sujeciones.

Concretamente, según se advierte en el documento, los centros de atención residencial y de día deben tener un compromiso formal respecto a la atención libre de sujeciones que se acreditará mediante la existencia de un Plan de atención libre de sujeciones, que contemplará la supresión total y segura de las mismas, siendo únicamente posible su utilización de manera excepcional. Un plan que, según ha dicho el Gobierno, deberá ser aprobado por la Inspección y deberá estar implantado completamente en los centros antes del 30 de junio de 2025. Así, la labor inspectora hará especial hincapié en la reducción del uso de estas sujeciones respecto a años anteriores, siguiendo los requisitos normativos previstos en dicho Plan.

La Inspección de Servicios Sociales, como en años anteriores, marca como objetivos generales velar por una atención de calidad y adecuada a las necesidades de las personas destinatarias de los servicios de atención diurna y residencial. Por este motivo, las líneas de actuación de la labor inspectora serán la garantía del respecto a los derechos de las personas, la supervisión de los centros y servicios y el cumplimiento de los requisitos de las personas beneficiarias de la Renta Garantizada, para lo cual se recabará, como en años anteriores, la ayuda de la Policía Foral.

EN REVISIÓN

El Plan de Inspección se centrará también en comprobar el cumplimiento de los pliegos reguladores y cláusulas técnicas y administrativas del nuevo sistema para la gestión de plazas residenciales, de Centros de Día de personas mayores dependientes, estancias diurnas y Servicios de Promoción de la Autonomía 'Open House'. En concreto, se revisará el grado de cumplimiento de tres dimensiones: la gestión del servicio, la gestión del personal y la gestión en relación con las personas usuarias.

Así, la Inspección revisará aspectos como los sistemas de quejas y sugerencias, las encuestas de satisfacción, la implantación del modelo de Atención Centrada en la Persona, los planes de acogida y de formación, los riesgos laborales, las Historias de Vida, la valoración integral o la existencia de personal de referencia, entre otras cuestiones.

Igualmente, se comprobará el cumplimiento de las obligaciones de personal y ratios globales vinculantes, tanto de los contratos o conciertos suscritos como, en su defecto, de los exigidos por el Decreto Foral 92/2020 y modificaciones posteriores que adapten la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.

Se realizará, por tanto, un control tanto de personal como de aspectos funcionales y estructurales previstos en la normativa anteriormente señalada. Asimismo, se comprobará la implantación de unidades de convivencia reales, con espacios habitacionales para grupos reducidos de usuarios y trabajadores, que contribuyan a una atención más personalizada y hogareña, así como el aumento de habitaciones individuales, ha indicado el Ejecutivo.

Por otro lado, tras tres años controlando aspectos relativos a salud pública debido a la situación epidemiológica causada a por la COVID-19, este año no habrá un especial control sobre aspectos como los espacios y distancias, el uso de mascarillas, las visitas y salidas o los elementos de protección. No obstante, siempre que así se solicite, podrán realizarse inspecciones para comprobar determinadas medidas adoptadas para mantener controlados los posibles brotes.

194 INSPECCIONES Y 45 DENUNCIAS EN 2022

En 2022, la Inspección de Servicios Sociales realizó un total de 194 inspecciones ordinarias en servicios residenciales, centros de día y estancias para personas mayores, con enfermedad mental, con discapacidad, menores e inclusión social.

De las 194 inspecciones, los resultados obtenidos son los siguientes: 13 son advertencias que afectan a 9 centros o servicios fundamentalmente relativas al tema de derecho de usuarios, sujeciones y conceptos de Atención Centrada en la Persona, Planes de Atención Individualizada (PAI) y Consejo de Participación; 415 son requerimientos que afectan a 107 centros y servicios; ha habido 29 incumplimientos de conciertos o contratos, trasladados a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; y 109 recomendaciones de mejora.

Además, ha expuesto el Gobierno, durante el año 2022 se presentaron 45 denuncias sobre el funcionamiento de los centros y/o servicios, entre las cuales 6 se han archivado por no constar incumplimiento y se han formulado 10 advertencias, 35 requerimientos y 16 recomendaciones de mejora.