El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves el decreto foral de estabilización de 3.589 plazas de la Administración foral con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos, mientras que EH Bildu se ha abstenido y Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra han votado en contra. Además, se ha votado a favor de su tramitación como proyecto de ley, petición realizada por EH Bildu, con el único voto en contra de Navarra Suma.

En el debate del decreto en el pleno de la Cámara, el vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, ha señalado que, con la aprobación de este decreto "cumplíamos el primer hito del proceso de estabilización" y ha detallado que se trata de 1.417 plazas referidas al departamento de Salud, 1.406 plazas de Administración Núcleo y 766 referentes al personal docente y asistencial del Departamento de Educación.

Remírez ha añadido que "si se cumplen nuestras previsiones se podría reducir la temporalidad del empleo público de la Administración foral, que se encuentra al 43 por ciento, y descendería al 10 por ciento en la Administración Núcleo, al 13 por ciento en el SNS y a un 8 por ciento en Educación".

Sale adelante el decreto foral de estabilización

Según ha expuesto, "si bien una tasa de temporalidad es necesaria en la Administración, no lo es cuando son tasas cercanas al 50 por ciento". "Este es un esfuerzo que merece la pena", ha dicho el consejero.

Javier Remírez ha indicado que con "la aprobación de este decreto y su convalidación por el Parlamento, Navarra ejerce su autogobierno en materia de Función Pública, pero respetando el marco básico estatal, actuando con la máxima seguridad jurídica, y con diálogo con los sindicatos y los grupos políticos desde el minuto uno y nos hubiera gustado haber encontrado más consenso".

Ha manifestado el consejero que "damos un paso fundamental para una drástica reducción de la temporalidad en la Administración foral". "Redundará en la motivación de los trabajadores públicos y en la mejora de la calidad de los servicios públicos", ha dicho, para añadir que el proceso de diálogo ha continuado hasta el día de hoy.

En el turno a favor de los grupos, la socialista Inma Jurío ha indicado que hay una tasa de temporalidad del 43 por ciento en la Administración pública, una tasa que ha calificado de "vergonzosa". "Que se convalide el decreto es responsabilidad de todos", ha dicho, para indicar que "esto tiene que venir al Parlamento y nos tenemos que pronunciar y ejercer nuestra responsabilidad".

Según ha añadido, "después de tantos años de bloqueos, nadie debemos permanecer impasibles, todos tenemos la obligación de responder" y "tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ofrece este procedimiento". "Ha sido un decreto trabajado y hablado desde hace meses", ha valorado, para indicar que el Gobierno ha estado "abierto".

La representante de Geroa Bai Blanca Regúlez ha indicado que "se ha dejado a última hora" este tema y "estamos ante una situación que no contenta a todos ni a muchos". "Me gustaría arrancarle el compromiso de que se incluyan las plazas que se detecten que no están dentro del decreto y deberían de estar", ha dicho.

Regúlez ha señalado que ésta es "una oportunidad de reducción de temporalidad en la Administración Pública, pero se pierde la oportunidad de poder haber llegado a la tasa mínima de temporalidad que se podía". "Nos gustaría que se hubiera trabajado de otra forma y con otros tiempos", ha expuesto.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha manifestado que votan hoy a favor del decreto foral porque "estabiliza plazas, no personas" porque "apostamos por el empleo público de calidad". "Buscamos favorecer los servicios públicos de calidad", ha dicho, para agregar que "para ello es necesario fortalecer el empleo público".

Aznárez, que ha calificado de "vergonzosa la tasa de temporalidad" en la Administración navarra, se ha mostrado a favor de que el decreto se tramite como proyecto de ley si así lo pide algún grupo porque igual "hay aportaciones de los grupos para mejorarlo".

En el turno en contra, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha criticado que "dejan pasar el tiempo para después decir que vamos tarde, un perverso sistema". "Es mentira que ha negociado con los grupos" porque "con nosotros fue una reunión en la que nos dijo que estaba prácticamente cerrado y que no quería tramitarla como proyecto de ley porque había mucha prisa". "A nosotros solo nos ha preguntado el sentido de nuestro voto, no nos ha ofrecido negociar nada", ha afirmado.

Tras afirmar que "el porcentaje de temporalidad es inasumible", Alvárez ha señalado que esta tasa, que es "la mayor de España", es "consecuencia de los gobiernos de Barkos y Chivite que no han sido ágiles al convocar oposiciones y se han dedicado a contratar a personal sin hacer evaluación sobre si era necesario contratar y dónde". "El objetivo principal es reducir la temporalidad", ha dicho, pero "nos preocupan varias cuestiones" del decreto.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha anunciado la abstención de su grupo en la convalidación porque "la alternativa es peor a no aprobar el decreto, al caos social". "Sí hemos tenido conversaciones con el Gobierno", ha dicho para indicar que "se puede mejorar este texto, tenemos propuestas y planteamientos para modificar algunos aspectos del baremo de méritos..., hemos trabajado en ello".

Araiz ha señalado que "hay que conjugar intereses del personal fijo y temporal, de quienes vayan a ingresar en la Administración", y ha dicho que "habrá que hacer una OPE extraordinaria". Y ha indicado que no pueden quedar al margen las empresas públicas y hay que ampliar plazas. "Vamos a plantear que se tramite como proyecto de ley", ha dicho, para afirmar que "no se soluciona el problema de la estabilización".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado que se trata de "un procedimiento enrevesado, con criterios de selección totalmente discrecionales, con una alta arbitrariedad, generando agravios comparativos y desorden en la Función Pública".

Según ha dicho, ante esta "alta" tasa de temporalidad, es precisa "una solución valiente, global, objetiva, inclusiva e integral, que tenga como objetivo reducir la temporalidad al 8 por ciento en 4 o 5 años y eso incluye conjugar los derechos del personal funcionarios, interino y de los nuevos aspirantes".