El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) baraja entre sus opciones la de rescatar el plan b ideado en tiempos de Carlos Lesmes para aliviar la «insostenible» situación del Supremo, con 17 vacantes que en los próximos meses podrían aumentar a 20 (lo que equivale al 25 por ciento de sus efectivos), con un panorama especialmente preocupante en dos salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo. En la cúpula judicial hay actualmente 68 plazas que siguen sin cubrir.

La decisión del PP de suspender la negociación para renovar el Consejo debido a la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición abre ahora una nueva etapa que obliga a actuar.

Una de las tareas más urgentes es paliar la situación del Supremo, que desde el Alto Tribunal insisten en tachar de «terrible», por las vacantes surgidas desde la entrada en vigor de la reforma legal de marzo de 2021 que prohíbe a un CGPJ en funciones ir cubriendo las que se registren.

En su día, cuando Lesmes aún presidía del CGPJ, se barajó una solución temporal que consistiría en enviar efectivos al Supremo mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios.

Estos parches se han ido aplicando ya en tribunales menores y, en su momento, el Poder Judicial optó por no hacerlo aquí hasta que sus salas llegaran al extremo de no poder reunirse en secciones por falta de magistrados.

Otra de las claves de que esta alternativa no se haya activado para el Supremo es que hay dudas legales de que se pueda usar para cubrir las vacantes de magistrados. 

En cualquier caso, estas medidas tendrían que contar con el visto bueno del Ministerio de Justicia, por ser quien debe autorizar la dotación económica para ello.

Este proceso se encuentra en una fase embrionaria, por lo que se espera que en breve se sucedan las reuniones entre los 18 vocales que componen actualmente el CGPJ para analizar el escenario y decidir los siguientes pasos.

Situación límite

Dentro del Alto Tribunal la situación más asfixiante la sufre la Sala de lo Social. Cuenta con ocho magistrados, tras las recientes jubilaciones de su hasta ahora presidenta, María Luisa Segoviano, que fue sustituida por Rosa María Virolés -por ser la jueza de mayor antigüedad-, y de Ricardo Bodas, cuando la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece que debe estar constituida por 12 magistrados y el presidente: un total de 13. Esta sala lleva cuestiones tan relevantes como las reclamaciones laborales relacionadas con la COVID-19. 

También preocupa la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La ley le adjudica 33 magistrados -presidente incluido- pero las sucesivas bajas la han dejado con 24 que pasarán a ser 23 el próximo 27 de diciembre por una jubilación. En esta sala hay pendiente un asunto destacado: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos del Gobierno a los condenados por el procés.

La Sala de lo Militar atraviesa asimismo un momento crítico, por cuanto de los ocho magistrados que le otorga la ley solo conserva seis, que el 7 de septiembre de 2023 podrían quedar en cinco por una nueva jubilación.

Más holgada es la posición de las salas de lo Civil, con solo una vacante y nueve de sus 10 magistrados, y lo Penal, que aguanta con sus 15 jueces, aunque el próximo año podría sufrir su primera salida por el retiro de un magistrado.