Complicaciones para el abonado con nitrato orgánico

SPC
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España limita por encima de la normativa europea y las zonas vulnerables se multiplicarán sin que se investigue debidamente como se produce la contaminación de las masas de agua

Complicaciones para el abonado con nitrato orgánico - Foto: Alberto Rodrigo

Los agricultores que labren sus tierras en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos podrán tirar un máximo de 170 kilogramos de nitrógeno al año procedente de abonos orgánicos (purines y estiércoles), según establece el nuevo Real Decreto aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros y que busca reducir la contaminación y reforzar la protección de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. El Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, establece umbrales «más exigentes» y criterios «más ambiciosos» que los actuales para la designación de una masa de agua como zona vulnerable y pondrá en marcha más herramientas para identificar las aguas afectadas por estas sustancias (más estaciones de control y más frecuencia de análisis).

Con la nueva norma, prevista en el Plan Normativo del Gobierno para 2022, aumentará en un 50% la superficie de las zonas calificadas como vulnerables, lo que supondrá programas de actuación más rigurosos e incluirá limitaciones al uso de fertilizantes. Se actualiza así la transposición a la legislación española de la Directiva europea contra la contaminación producida por los nitratos de origen agrario, aprobada inicialmente hace más de 25 años.

Hace dos años se revisó esta normativa y la extensión de zonas vulnerables aumentó considerablemente a la vista de los análisis que realiza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Las comunidades autónomas, encargadas de hacer cumplir la legislación en este ámbito, tuvieron que ponerse manos a la obra para actualizar los protocolos en muchas nuevas áreas, tarea que deberán volver a iniciar tras la aprobación de este real decreto.

El texto establece que la cantidad específica de estiércol o purín por hectárea que se podrá extender en será «como máximo» la cantidad que contenga 170 kilogramos al año de nitrógeno. No obstante, aunque el texto se refiere principalmente a nitratos, reconoce que otro problema radica en «algunas otras sustancias esenciales» para seguir el procedimiento operativo de lucha contra esta contaminación, entre las que es necesario considerar el fósforo y sus compuestos, clave por ejemplo en los procesos de eutrofización.

Se introduce, además, mediante la correspondiente disposición final, la modificación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, para incorporar en el mismo una mejor definición de la eutrofización que tiene por objeto fijar su forma de estimación, tanto en aguas continentales como costeras y de transición. Asimismo, incorpora en su anexo III criterios y especificaciones técnicas actualizadas para los muestreos y análisis químicos, y no se mantienen vigentes las indicaciones que a este respecto figuran en el anexo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.

El Real Decreto, propuesto por el MITECO y el Ministerio de Agricultura es, según el Gobierno, una norma clave para reducir este tipo de contaminación en las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, y para alcanzar los objetivos ambientales señalados por la legislación nacional, fijados a través de los planes de cuenca, y de la Unión Europea. Así, admite que el alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país. En concreto, destaca que afecta en España a un 22% de las masas de agua superficiales y al 23% de las masas de agua subterráneas.

El objetivo es reducir un 20% el uso de fertilizantes. Para ello, las estrategias europeas plantean el desarrollo de un plan de acción para la gestión de nutrientes, que resulta de especial relevancia en el caso de España. Por ello, también se estudiarán las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, así como los impactos registrados sobre las aguas.

la raíz de todo. Nuria Ruiz, gerente de ASAJA Castilla y León, ha explicado a Cultum que abordar este asunto es complicado. Ruiz considera que este es un cambio agresivo que «no debería hacerse a golpe de normativa, sino mediante una labor divulgativa». En ese sentido denuncia que la administración -las comunidades autónomas en este caso, pues son las que tienen las competencias en la materia-, no se preocupa por ello y son las organizaciones agrarias las que tienen que hacer una tarea educativa para que los agricultores conozcan las normas a las que atenerse.

Además critica que los límites que se ha autoimpuesto España con este Real Decreto son mucho más exigentes que los que impone la Unión Europea. La directiva comunitaria establece, explica Ruiz, que se considerarán zonas vulnerables aquellas que presenten una concentración superior a 50 miligramos de nitrógeno por litro de agua, pero la nueva norma fija los límites en 25 miligramos para aguas superficiales y en 37,5 para las subterráneas.

Esto supone que se va a limitar el uso de abonos orgánicos en multitud de comarcas. En principio esto debería ser bueno, pero la gerente de ASAJA plantea algunas dudas. En primer lugar, hay cultivos a los que esa limitación no les va a afectar; pero otros, como muchos de regadío y algunos de secano, no van a poder ser abonados con la cantidad suficiente para que se pueda obtener de ellos el rendimiento que los haga rentables. En zonas con riego o con buenos suelos, lógicamente, las plantas tienen capacidad para desarrollarse y producir más, pero para ello «necesitan comida. Un cuerpo grande come más que uno pequeño», explica Ruiz, y estas restricciones mermarán una producción que tendrá que obtenerse en otros lugares. ¿Dónde? ¿Cómo?

Además, esto puede plantear problemas a las explotaciones ganaderas. Un granja cuenta con una superficie determinada y suficiente para esparcir los purines o los estiércoles que produce. Pero si en esa superficie se reduce, de la noche a la mañana, la cantidad de abono orgánico que se puede tirar, ¿qué va a ocurrir con el excedente de esa explotación? En zonas con poca densidad ganadera se podrán encontrar otras parcelas agrícolas que compensen ese desequilibrio, pero en otras se va a crear un problema de complicada solución.

Por último, Ruiz destaca que hace falta una investigación en profundidad sobre la contaminación difusa por nitrógeno para poder atacar la raíz del problema. Habla de que hay zonas sin apenas ganadería en las que la contaminación de las masas de agua es alta y sin embargo en otras que deberían ser más propensas por la concentración de granjas es mucho más baja. Esto, según dice, evidencia que las cosas no son tan simples como parecen y que limitar por limitar sin conocer la causa real del problema no es la solución.