El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este miércoles que el Consistorio contrató hasta en tres ocasiones "a dedo y sin justificación" al despacho de abogados del que es socio un hermano de la concejala de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, María Caballero.
Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa, donde comparecía junto con los concejales Maider Beloki y Endika Alonso. "Los contratos tienen en común tres cosas: en todos se externaliza un servicio jurídico ordinario que podría haberse llevado adelante desde la propia asesoría jurídica municipal, como se hace habitualmente con este tipo de temas; en los tres casos se trata de temas con una fuerte carga política, donde lo que se defiende, más que los intereses del Ayuntamiento, son decisiones de Navarra Suma; y, finalmente, se contrata a dedo al despacho de Caballero argumentando una supuesta especialización, cuando se trata de tres materias completamente diferentes", ha apuntado.
Asiron, que ha calificado este hecho de "especial gravedad" sobre el que tendrán que "pedir explicaciones", ha subrayado que estos contratos, firmados entre febrero de 2020 y octubre de 2021, "suman más de 11.000 euros y para ninguno de ellos consta que se pidieran más ofertas".
Según ha indicado, de los expedientes a los que ha tenido acceso EH Bildu se desprende que revelan como "único argumento a favor del bufete" una "supuesta especialización". Además, ha incidido en que "se trata de tres materias completamente diferentes, cuyo único denominador común parece ser la defensa de decisiones de carácter político de Navarra Suma".
A juicio de Asiron, "más allá de si esta forma de proceder supone o no una ilegalidad", una cuestión que "habrá que dilucidar", lo que "está claro es que quien gestiona el destino de los fondos públicos tienen que hacerlo de forma absolutamente ejemplar y escrupulosa para desterrar clientelismos y sospechas de trato de favor". "En este caso no se ha hecho así", ha afirmado Asiron, que ha mencionado "la vinculación de Maya con las dietas de la CAN" tras considerar que "desgraciadamente, esa forma de gestionar se está repitiendo esta legislatura".
"Es una pena que las contrataciones de hermanos lleguen también aquí y no se queden restringidas en al ámbito de Madrid", ha apuntado Asiron, que ha añadido que su "obligación como oposición" es "hacer una labor de fiscalización del trabajo municipal". "A partir de ahí, cuando encontramos situaciones poco éticas o poco transparentes como en este caso, nuestra segunda obligación es ponerlo en conocimiento de la ciudadanía. Y en tercer lugar, a la luz de las explicaciones que se den, seguiremos dando pasos en adelante", ha subrayado, tras remarcar que "no ha sido ni ético, ni estético, ni transparente".
En este sentido, ha indicado que el primer paso es escuchar las explicaciones de Caballero y de Maya "como responsables últimos de estas decisiones", para que expliquen "de manera meridianamente clara si realmente las cosas se han hecho como figura en el expediente". "Si es así, se podrán pedir responsabilidades, eso en su momento habrá que verlo", ha indicado.
Dietas de comiruña, plazas de técnicos y secretaría de pleno
Según han subrayado desde EH Bildu, el primero de estos contratos se firmó en febrero de 2020 para afrontar el procedimiento por el cobro de dietas en Comiruña. Se contrató a este despacho "en nombre de la empresa pública municipal para que los y las consejeras, todos cargos de libre designación de Navarra Suma, no devolvieran las dietas". "Se acordó el pago de 3.675 euros y no consta solicitud de ningún otro presupuesto", ha manifestado Asiron.
El segundo contrato se firmó en octubre de 2020 para "afrontar el contencioso abierto por la paralización del procedimiento público para la Convocatoria de Secretario del Pleno", en el que se pagaron 2.450 euros y tampoco se solicitó ningún otro presupuesto".
El último, fechado en octubre de 2021, se firmó para "encarar la denuncia de los y las afectadas por la revocación de procesos de selección de dos Técnicos de Juventud y otras 2 de Igualdad". Según Asiron, el equipo de Maya contrató por 4.900 euros a este despacho, "de nuevo, sin solicitar ningún otro presupuesto y sin justificar por qué el tema no lo llevaban los servicios jurídicos municipales".