Mucho se ha escrito en España sobre la necesidad de garantizar a los trabajadores una mayor solvencia en el momento de su jubilación mediante la activación de planes de pensiones privados, la llamada mochila austríaca, u otros sistemas financieros que aseguren a los empleados los recursos económicos suficientes en el momento de su retiro para vivir con la suficiente dignidad.

En este contexto, el Gobierno aprobó el pasado 2 de julio una ambiciosa ley que tiene por objeto impulsar los nuevos planes de pensiones de empleo como un mecanismo de ahorro esencial para el momento de la jubilación, con la base de su carrera laboral y con la aportación económica de las empresas.

Se trata de un reto que se plantea el mercado laboral actual en un momento de incertidumbre ante un otoño que se espera complicado y que conlleva un pacto entre la empresa y el trabajador que puede suponer un mayor coste salarial. 

La iniciativa, además de buscar hacer más sostenible el actual sistema de la Seguridad Social, pretende fomentar los planes de pensiones tanto para los trabajadores privados como para los públicos.

Entre las ventajas de esta fórmula está lograr que los asalariados acumulen un cierto patrimonio derivado de su trabajo para cuando llegue el momento de su jubilación con una menor tributación.

El principal acicate que tienen es su fiscalidad, puesto que las aportaciones a estos planes permiten reducir la base imponible del impuesto de la Renta y cuanto más se aporte menos se abona en IRPF.

Para que empresas y trabajadores se decidan, el Ejecutivo ha reducido el máximo de aportación y deducción de los planes de pensiones tradicionales a solo 1.500 euros al año. En cambio, en los planes de pensiones de empleo se puede alcanzar hasta 8.500 euros al año, aunque con algunas limitaciones como que para llegar al tope, el empresario y el asalariado tienen que contribuir con el mismo importe. 

No obstante, desde la Agencia Tributaria se permite que en aportaciones pequeñas se mejore la flexibilidad. Así, por ejemplo, si la compañía asume 500 euros al año, el trabajador puede llegar hasta los 1.250 euros y si son 1.000 euros el asalariado puede aportar 2.000.

Las contribuciones empresariales a estos fondos no cotizan a la Seguridad Social hasta un tope de 1.380 euros año, lo que implica un ahorro de 400 euros por trabajador.

Además, se crea una reducción del 10% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por las aportaciones a planes de empleo con rentas brutas anuales inferiores a 27.000 euros.

Entre las limitaciones, las compañías financieras encargadas de la gestión de estos fondos no pueden invertir en empresas que tengan su sede en paraísos fiscales, que hayan sido condenadas por delitos medioambientales o no respondan a criterios socialmente responsables. Sin embargo, el Gobierno tampoco podrá obligar a estos administradores a invertir en la deuda del Tesoro Público.

Un futuro incierto

Tanto los agentes sociales como los trabajadores dudan de la aceptación que estos planes de pensiones de empleo puedan a tener en España.

Los economistas aseguran que no son ninguna novedad, ya que existen actualmente los llamados planes asociados que se parecen bastante a lo que el Gobierno quiere extender ahora a los autónomos.

Para propiciar el éxito de esta iniciativa, tanto la Administración como los sindicatos se están planteando que el dinero que tienen a día de hoy los empleados públicos pasen ya a estos planes de pensiones.