Igualdad: es una de las reivindicaciones que con más fuerza han exigido las organizaciones agrarias, y el sector en general, en los últimos tiempos. Las normas sanitarias y ambientales para producir alimentos en la Unión Europea son las más estrictas del mundo y florecen las restricciones de todo tipo para los agricultores y ganaderos. Sin embargo eso no impide que cientos de miles de toneladas de alimentos y materias primas entren cada año en territorio comunitario procedentes de terceros países sin haberse obtenido bajo esos mismos estándares.
Esta realidad, aparte de ser absurda, deja en una obvia desventaja a los productores de la UE frente a esas importaciones que no cumplen las normas de bienestar animal aquí exigidas o para cuyo cultivo se han empleado fitosanitarios que no se pueden utilizar en suelo europeo, por poner dos ejemplos. El no cumplimiento de esas normas puede suponer un mayor rendimiento, unos costes de producción más bajos o ambas cosas, con lo que eso productos de fuera llegan a nuestros mercados a un precio menor (y habitualmente, también con una calidad menor).
Pero parece que Bruselas, por fin, ha decidido tomar cartas en el asunto. Con la presidencia francesa de la UE este semestre se esperaban grandes pasos en este sentido, pues el país galo, junto con España, era de los más decididos a poner remedio a esta situación y había fijado esta gestión como una de sus prioridades. Pero la guerra en Ucrania ha dejado casi todo lo demás en segundo plano y no se ha avanzado en este asunto. Hasta ahora.
Un informe elaborado por la Comisión Europea afirma que hay margen para poder exigir a los alimentos importados por la UE los estándares de producción ambientales y sanitarios que rigen para los productos europeos, siempre que se respeten las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El informe señala las áreas en las que la UE ya aplica a los productos de fuera los estándares domésticos, a través de ciertos acuerdos multilaterales o bilaterales, y muestra que antes de aplicar estándares de producción a importaciones, es fundamental hacer siempre una evaluación caso por caso.
El ministro español, Luis Planas, afirmó que el informe es «excelente» y confirmó que es «posible» aplicar las cláusulas espejo a los productos agroalimentarios importados desde fuera del club comunitario. El comisario Wojciechowski, por su parte, recordó que los agricultores, ganaderos, organizaciones de consumidores, ONG y ciudadanos expresaron a la CE que apoyan la iniciativa sobre reciprocidad, mientras que los productores de fuera de la UE en su mayoría se oponen.
Planas aseguró que la posibilidad de que la UE exija a las importaciones agroalimentarias de países terceros los estándares sanitarios y medioambientales impuestos dentro del club comunitario no debe dar lugar a distorsiones comerciales y señaló que las llamadas cláusulas espejo deben ser «compatibles a nivel internacional» y, por tanto, «no crear distorsiones de comercio, no ser medidas ocultas de retorsión o de freno al comercio». «Esto es importante y hay que aceptarlo y, por tanto, hay que llevar a cabo un trabajo muy importante dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero también en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en el Codex Alimentarius en particular», declaró.
El ministro subrayó la importancia de aplicar «medidas concretas» si se quiere que los agricultores y ganaderos tengan «condiciones competitivas semejantes» y que «todo el efecto medioambiental positivo» de las iniciativas adoptadas en los Veintisiete para conseguir una producción alimentaria más sostenible «no sean sustituidas por emisiones paralelas más elevadas fuera de la Unión Europea». «El informe es correcto en el sentido de que identifica unas áreas concretas: salud, los temas medioambientales y también los temas de bienestar animal como posible foco en relación con medidas que deban adoptarse», afirmó.
«Esta forma de ver las cosas debe ser introducida por la Comisión Europea en todos los mandatos de negociación de los acuerdos futuros o de revisión de los acuerdos comerciales presentes. Y, en mi opinión, también deberíamos hacer un esfuerzo en relación con la aplicación de los acuerdos hoy vigentes», expuso. «El debate concreto significa que se identifiquen áreas en las cuales se pueden aplicar las denominadas cláusulas espejo y se determine la estrategia que la Unión Europea va a seguir en las organizaciones internacionales para llegar a acuerdos sobre esta materia», ilustró.
Aunque el foco ahora se sitúe sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania para la seguridad alimentaria, el titular de Agricultura indicó que se debe distinguir «el rumbo y el lugar hacia el que nos dirigimos de las turbulencias del vuelo». «Tenemos turbulencias muy serias. Una guerra en Europa no es cualquier cosa, no ocurría desde el siglo pasado y yo creo que es un tema muy serio y tiene primero, por desgracia, consecuencias humanas terribles y también consecuencias económicas y sociales», asumió.
Sobre la reforma de la directiva de pesticidas que la Comisión Europea prepara, Planas dijo creer que hay un compromiso global sobre la necesidad de relegar la utilización de los pesticidas en la agricultura. «Es no solo una necesidad desde el punto de vista ambiental, sino también una demanda de opinión pública de los ciudadanos. Yo creo que ante eso hay que responder positivamente, pero al mismo tiempo hay que tener muy en cuenta cuáles son los calendarios y los objetivos que nos fijamos», comunicó. Confió en que la propuesta de la Comisión sea «realista» y señaló que se debe mantener «en todo momento la rentabilidad de las explotaciones agrícolas».
Marco paraguas.
Por otra parte, la Comisión Europa ha dado luz verde al 'marco paraguas' diseñado por el Gobierno para permitir a las comunidades autónomas y entidades locales, en el ámbito de sus competencias, dar ayudas públicas a las empresas más afectas por los efectos en los precios de la invasión rusa de Ucrania. Bruselas considera que se trata de un plan «necesario, adecuado y proporcionado» para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania en la economía española y encaja en el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea que Bruselas ha flexibilizado temporalmente para responder mejor al periodo de crisis. No se concederán ayudas más allá del 31 de diciembre de este año y los apoyos no excederán los 35.000 euros por empresa activa en sectores como la agricultura y la pesca ni los 400.000 euros en el resto de sectores.