El consejero de Interior, Javier Remírez, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la sesión semanal del Gobierno que entiende el malestar de los sindicatos de clase que ven cómo se negocian subidas salariales con el Sindicato Médico y ha explicado que "el criterio del Gobierno es mantener una misma línea pero entendiendo que puede haber casuísticas diferenciadas", lo que también puede ocurrir con la Policía Foral.
El consejero ha defendido que el pasado 30 de enero se convocó para el 17 de febrero la Mesa General de la Función Pública donde están presentes los sindicatos LAB, CCOO, ELA, UGT y AFAPNA. Donde se tratarán los posibles acuerdos que se hayan producido en Salud y que tengan impacto retributivo.
"El Gobierno tiene el máximo respeto por los interlocutores de los sindicatos, más allá de encuentros previos que se puedan producir", ha apuntado antes de explicar que esta legislatura se han dado "mejoras sustanciales" en el sector público con convocatorias de empleo, subidas salariales, complemento de grados para el personal temporal o la carrera profesional del personal sanitario temporal.
"Los recursos son limitados, no tenemos recursos ilimitados y estos se enmarcan en los presupuestos. Llevamos el incremento del 2,5 % para los empleados públicos que se suman a los incrementos de hasta ahora. Esta subida ya supone más de 60 millones de incremento. En este contexto de negociación no contemplamos ningún otro incremento genérico al conjunto de empleados públicos", ha dicho.
Los sindicatos LAB, CCOO, ELA, UGT y STEILAS han convocado una jornada de huelga para el próximo día 15 en toda la administración foral y sus organismos autónomos, alrededor de 29.000 trabajadores, con el objetivo de exigir mejoras laborales y servicios públicos de calidad.
Una movilización en la que estos sindicatos reconocen que ha tenido que ver la huelga del Sindicato Médico de Navarra que ha llevado al Gobierno ha ofrecer mejoras salariales que a los sindicatos de clase les han negado en la Mesa General o en mesas sectoriales con el argumento de que lo impiden las leyes de limitación del gasto, un "mantra" que ahora denuncian que el propio Gobierno no tiene en cuenta.