El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha iniciado este miércoles, en el Hospital García Orcoyen de Estella, las asambleas de médicos para debatir la negociación que se lleva a cabo con el Departamento de Salud del Gobierno foral para mejorar las condiciones laborales de los facultativos.
A estas asambleas están convocados médicos de Atención Primaria, hospitales, salud mental y MIR, ha informado el SMN, convocante de una huelga indefinida desde el pasado 1 de febrero.
Tras la asamblea de este miércoles en el hospital García Orcoyen de Estella, en la que "se ha batido el récord de asistencia", han indicado desde el SMN, el jueves tendrán lugar reuniones en el Hospital Universitario de Navarra y el Hospital Reina Sofía, y el viernes en la Clínica Ubarmin.
Este martes, el SMN presentó una nueva contrapropuesta que incluye la creación de un complemento de productividad para todos los facultativos de 1.000 euros mensuales por catorce pagas como condición para suspender la huelga.
El sindicato reclama asimismo para eliminar la sobrecarga de trabajo que el número máximo de pacientes en una consulta solo pueda sobrepasarse con la autorización expresa del facultativo o por urgencia vital.
Al respecto, el Gobierno de Navarra ha lanzado este miércoles un ultimátum al SMN y ha advertido de que la propuesta de la Administración, que plantea 400 euros de subida salarial al mes, es la definitiva: "Ya se ha hecho todo el esfuerzo posible. Es el momento de las decisiones. Se tiene que ver si asumir o no".
Así lo ha asegurado el vicepresidente primero, Javier Remírez, quien ha afirmado que seguirán "trabajando por la mejora de los servicios públicos, pero no a costa de poner en riesgo otras partidas presupuestarias".
Remírez ha apuntado que Navarra no ha sido la única comunidad en la que se ha dado este "conflicto" con el sector sanitario y ha dicho que andan "justos" de tiempo ya que el acuerdo al que lleguen con los médicos debe pasar por la Mesa General de la Función Pública y, si incluye cambios normativos, deberá contar con el visto bueno del Parlamento antes de su disolución a finales de marzo.