Después de casi cuatro años desde que se pusieran en marcha los primeros trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, en el que se fijan los criterios para la distribución de los 47.724 millones de euros que recibirá España hasta 2027, el Ministerio de Agricultura y Bruselas negocian las últimas «colas» de lo que debe ser el texto definitivo. El objetivo es cerrarlo en las próximas semanas para su aprobación por la Comisión y que se mantenga el calendario previsto para que, en la próxima campaña de siembras, el sector disponga de todos los datos en la mano. Con este mismo propósito, Agricultura ya tiene en marcha la elaboración de diferentes disposiciones para la aplicación del Plan en cada uno de los sectores.

España mantiene como filosofía de base la necesidad contar con un plan en el cual, entre los ejes más importantes, se halle una PAC más redistributiva, con una mayor convergencia de pagos, un mayor apoyo a la explotación familiar viable y a los profesionales y, en definitiva, para apoyar especialmente a la «clase media». Esto sin renunciar a los pequeños productores, más que por el volumen que pueda alcanzar su actividad, por su insustituible papel en el sostenimiento de algunos territorios; se trata de más de 450.000 perceptores de ayudas con una facturación muy por debajo de los 5.000 euros, pero que también votan.

El Ministerio, en base al trabajo desarrollado desde 2019, fue uno de los países comunitarios en presentar el Plan Estratégico a la Comisión en diciembre de 2021. En el plazo previsto de tres meses, Bruselas respondió en marzo a la Administración española destacando el gran trabajo llevado a cabo. Sin embargo, a cada reconocimiento añadía un «pero», fundamentalmente en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el sostenimiento de los suelos y del territorio, el uso de la energía y la dependencia exterior. Un intento, en definitiva, de recordar la existencia de la política verde como uno de los ejes del futuro, además de echar en falta datos.

En esta línea Bruselas reclamaba en el Plan un mayor compromiso por la arquitectura verde. Al hilo de la invasión de Ucrania, se pedía un mayor esfuerzo para reducir la dependencia de energías fósiles, así como de otras materias primas para preservar la viabilidad futura de las explotaciones; también se demandaba un mayor desarrollo de la economía circular, lucha contra la erosión y la desertificación y ahorro de agua.

España daba casi automáticamente una respuesta a las observaciones comunitarias señalando, de entrada, que los Planes deben responder de forma equilibrada a las necesidades del sector, pero advirtiendo que la sostenibilidad ambiental a la que hacía referencia Bruselas solo se puede alcanzar si en paralelo se garantiza una sostenibilidad económica.

Frente a las sugerencias comunitarias en relación con los objetivos medioambientales y la necesidad de tener una mayor ambición en su cumplimiento, Agricultura se justificó y señaló punto por punto las actuaciones en marcha referidas a la sostenibilidad de los suelos o el uso sostenible de los productos zoo y fitosanitarios, a los que se suma una nueva disposición para establecer un nuevo sistema de información de las explotaciones, el SIEX, por el cual se dispondrá de información de toda la actividad que se desarrolle en ellas.

En materia de antibióticos, desde el segundo semestre de 2022, cada explotación recibirá información semestral sobre su consumo para la posibilidad de adoptar medidas en las explotaciones que superen los valores de referencia establecidos. En el caso de los fertilizantes, las explotaciones deberán contar con un plan de abonado desde septiembre de 2024, condición que se exigirá desde enero de 2023 para las tierras de regadío que pretendan recibir ayudas por ecoesquemas. En materia de fitosanitarios, desde enero de 2023 las explotaciones deberán cambiar el libro de explotación actual por uno de formato electrónico para poder establecer desde 2026 los objetivos individuales de reducción.

La Administración española entiende que se han tomado medidas para reducir además las emisiones de los gases efecto invernadero y de otros gases contaminantes en el conjunto de las actividades ganaderas con sendas regulaciones de las explotaciones de vacuno, avicultura o porcino. Además existen apoyos complementarios para la gestión de estiércoles para la eficiencia energética, energías renovables o agricultura de precisión. España estima que el contenido del Plan responde a las exigencias comunitarias en esta dirección en tanto en cuanto el presupuesto responde a este objetivo. Destaca la partida de 1.100 millones para los ecoesquemas y que el 50% del presupuesto en Desarrollo Rural se destina igualmente a medidas medioambientales.

Cuatro claves.

Al margen de los últimos ajustes que se puedan negociar en esta fase final, de cara a su aplicación hay cuatro aspectos eje sobre los que España ya ha tomado decisiones.

En primer lugar, el funcionamiento del mecanismo de ajuste en los pagos directos, o capping, a partir de los 60.000 euros de ayuda directa, con un recorte del 25% hasta los 75.000 euros, del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros y del 85% por encima de los 90.000 euros; todo esto con el techo bruto de los 100.000 y de los 200.000 en el caso de aplicar costes laborales.

Otro aspecto es la convergencia de ayudas en una misma región tras reducirse estas últimas de medio centenar a una veintena. El reto es que todos hayan alcanzado el 85% del valor medio en 2026 para llegar al 100% en 2029. Sigue el compromiso de revisar en 2025 los pagos por derechos históricos.

Un tercer asunto es una política redistributiva que sea útil para apoyar a las explotaciones familiares con un incremento en los pagos a las primeras hectáreas de una explotación, aunque la cifra en cuestión aún está por decidir. Y, finalmente, se mantiene la figura del agricultor activo como el destinatario prioritario de los pagos, considerando como tales a quienes se hallen dados de alta como autónomos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, a aquellos que obtengan al menos un 25% de sus ingresos de la actividad agraria y también a quienes tengan un pago PAC de 5.000 euros o menos. Agricultura considera que en este colectivo hay unos 450.000 beneficiarios entre los que hay una mayoría de agricultores que se podrían considerar como pequeños profesionales en cuanto que más del 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria, además de jugar un papel clave en el sostenimiento del medio rural en diferentes territorios, sobre todo teniendo en cuenta que en regiones como Comunidad Valenciana representan el 90% del total de profesionales y en La Rioja o Castilla-La Mancha el 70%.