Frente a lo sucedido en el conjunto de la actividad económica, el sector agropecuario cerró el año con incremento de la renta media del 4,3% hasta los 29.093 millones de euros como consecuencia de un aumento del valor de las producciones hasta superar los 51.000 millones, un aumento de las subvenciones y soportar solo un incremento de los costes de producción del 0,4% hasta los 23.700 millones de euros; todo ello según los datos oficiales. Esta sería la renta más elevada de la historia salvo la registrada en 2017 con 29.125 millones.

Que mejore la renta global media no deja de ser un dato positivo. Sin embargo, más allá de las cifras generales se esconde la realidad de cada producción donde, en muchos casos, los resultados sido claramente negativos acumulándose los problemas, las pérdidas y los abandonos. El dato de la renta es una referencia, pero no es suficiente para reflejar la realidad del sector.

También en el sector agrario el año que finaliza ha estado marcado por la pandemia. Comenzó con los tractores en las carreteras en demanda de precios justos y los tractores dejaron los arcenes para, en muchos casos, dedicarse a fumigar las calles de sus pueblos contra el virus. El covid ha sido protagonista en la actividad agraria. En la parte más negativa, el cierre de la restauración golpeó a las producciones más ligadas a la hostelería, como todo tipo de carnes o vinos, donde ha dejado sus secuelas. En todo caso, y es una parte positiva, la pandemia puso de manifiesto el papel clave de la actividad agraria para el resto de la sociedad como suministradora de alimentos suficientes y seguros. Para el campo no se ha traducido en más apoyos.

Pandemias aparte, el año ha sido escenario de decisiones y debates claves inacabados para el futuro del sector entre los que cabría destacar varios. Uno de ellos es la Ley de la Cadena. Agricultura sacó adelante un Real Decreto ley con los tractores en las carreteras demandando precios justos, modificando la Ley de 2013 con el establecimiento de la obligatoriedad de unos precios que cubran al menos los costes de producción, no pérdida del valor a lo largo de la cadena hasta la distribución, regulación de las promociones y publicidad de las sanciones. Su cumplimiento sigue siendo un reto pendiente. Es un proceso lento. Hoy está en el Parlamento una nueva Ley en la que trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales abusivas. Aumentaron los fondos un 31% hasta los 8,26 millones para la actividad de la Agencia para la Información y Control de la Cadena Alimentaria y vigilar que la ley se cumpla.

Otro punto es el Plan Estratégico, cuyos trabajos de elaboración se ultiman para aplicar la próxima reforma de la Política Agrícola Común destinada a ofrecer un mayor apoyo a los profesionales genuinos, a la actividad familiar sostenible, a la incorporación de los jóvenes, la condicionalidad y sostenibilidad medioambiental, las ayudas acopladas a los sectores más necesitados, a las ganaderías extensivas, a programas específicos para sectores en crisis y, sobre todo, para aplicar cambios encaminados a lograr una mayor y necesaria convergencia de ayudas entre territorios y en un mismo sector. Todo ello con una previsión de fondos comunitarios en moneda corriente igual a los del periodo anterior, pero inferior si se considera la inflación.

Por otro lado fue un buen año en las producciones de cereales, vino, aceite o en frutas y hortalizas. Sin embargo, en todos los casos, los efectos sobre los agricultores fueron escasos ante el mantenimiento o la bajada incluso de los precios. En carnes, la crisis se cebó en vacuno, ovino y los lechones, con un escaso efecto de las medidas de almacenamiento aplicadas por la Unión Europea por el cierre de la restauración. Por parte de España, en el caso del vino se aplicaron medidas de destilación y almacenamiento de casi cinco millones de hectolitros y la vendimia en verde, con escasos efectos. Por el contrario, otras producciones como frutas y hortalizas mantuvieron y hasta mejoraron su comercialización ligada su demanda a la salud.

En cuanto a la venta directa, el año se cierra con una disposición que va a suponer la posibilidad de sacar al mercado la producción en las propias explotaciones cumpliendo las necesarias medidas de sanidad y seguridad alimentaria, una vieja reivindicación del sector que gana hoy más peso al aire del aumento de las ventas de proximidad.

También está en marcha la nueva disposición sobre nutrición sostenible de los suelos, cuya aplicación puede suponer no solamente beneficios sobre el territorio y el medio ambiente, sino también sobre la rentabilidad de las propias explotaciones agropecuarias.

El seguro agrario salió al fin del agujero de los fondos desde los 211 millones de euros hasta los 251 de los actuales, presupuesto que mitigará con retraso los incrementos de las primas y compensará más a segmentos como los seguros de los jóvenes o por elevada siniestralidad.

Está funcionando el Observatorio de Precios, pero solamente para los de venta de los productos agrarios y no se ha dado el paso prometido de analizar la evolución y el control de los precios de los medios de producción.

Con los votos en contra de socialistas, Podemos o PNV, el Congreso de los Diputados aprobó y recordó otra vez al Gobierno la necesidad de establecer la posibilidad de un doble contrato a los regantes con las intocables eléctricas simplemente para no pagar durante doce meses el término de potencia que solo se utiliza en épocas de riego. Era una reivindicación de hace una década que se antojaba imposible ante las eléctricas donde, como denunció Unión de Uniones, han encontrado acomodo y puerta giratoria como consejeros docenas de políticos de todos los partidos. El gobierno tiene seis meses para su desarrollo bajo la presión de tantos expolíticos a sueldo en las eléctricas o energéticas que ahora también aspiran a los fondos del Ministerio de Transición Ecológica para la energía verde.

Por su parte, Agricultura ha reforzado su apuesta por las políticas de asesoramiento y de transferencia del conocimiento a las explotaciones como punto de partida para el desarrollo de una actividad más sostenible y rentable.

No se pueden dejar a un lado las iniciativas recientes en el campo cooperativo en sectores como vino y aceite para pasar a tener un mayor protagonismo con el propio almacenamiento, la retirada de materia prima o para organizar la venta.

En cuanto a fiscalidad, se mantiene el sistema de módulos a efectos del IRPF para ingresos brutos de hasta 250.000 euros. Para los jóvenes en su primera incorporación los pagos se podrán hacer durante varios años en lugar de tener que pagar en el momento de recibir la comunicación de la concesión de la ayuda.

Por lo que se refiere a los aranceles, el sector sufrió los que impuso EEUU sin que se haya buscado una salida comunitaria al problema, así como varias trabas similares aplicadas por otros países bajo falsos argumentos de sanidad o seguridad alimentaria. El brexit con Reino Unido se cerró afortunadamente sin aranceles, aunque habrá más papeleo y burocracia.

En la parte positiva cabe destacar el buen comportamiento de las exportaciones agrarias y alimentarias con sus 50.000 millones de euros, en las que a las ventas ya históricas elevadas de frutas y hortalizas se suma el buen comportamiento de carnes y animales vivos y muy especialmente el porcino. En la parte negativa, las importaciones baratas y en volumen que atentan contra las producciones españolas.