El Gobierno ampliará el servicio de teleasistencia que presta protección a las mujeres víctimas de maltrato para extenderlo a otras formas de violencia machista, con el que espera ayudar a 50.000 mujeres, además de mejorar la cobertura de los dispositivos en el ámbito rural.
Lo ha hecho a través de un real decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que regula la concesión directa de una subvención de 32,6 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hasta 2023 para mejorar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la Violencia de Género (Atenpro).
Así, en 2021 serán transferidos de los Fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia 11,6 millones de euros, mientras que para 2022 y 2023 la transferencia será de 10,4 millones de euros.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha detallado que con esta iniciativa se quiere modernizar los dispositivos móviles para que sean de última generación, ya que los actuales en ocasiones son demasiado grandes y "poco discretos", viejos y la duración de la batería es escasa.
También busca mejorar la cobertura, especialmente en el ámbito rural, para que las mujeres no tengan dificultades a la hora de acceder a los servicios de atención especializada, de forma que el "código postal" no convierta a estas mujeres en "víctimas de segunda".
Además, el servicio se ampliará a las víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual y, de esta manera, Montero estima que Atenpro podrá dar servicio en 2023 a 50.000 mujeres víctimas.
Para llegar a esta estimación, Igualdad cuenta con una previsión base a partir de las 16.000 mujeres víctimas de violencia sexual que cada año demandan este servicio y que hasta ahora no podían acceder a él, además de las víctimas de trata y explotación sexual y las más de 16.500 mujeres maltratadas que son usuarias actuales.
Atenpro presta atención especializada 24 horas al día y se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización.
Permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades.
Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta, bien por sí mismas o movilizando otros recursos humanos y materiales.
Con esta inversión, procedente de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, el departamento que dirige Irene Montero pretende modernizar los dispositivos de los que dispone el servicio, además de ampliar su cobertura a todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista.
De esta manera, buscan mejorar los requisitos técnicos de los dispositivos telefónicos para adaptarlos a los cambios tecnológicos y ampliar la cobertura con el objetivo de facilitar su uso por mujeres del ámbito rural que viven en zonas con escasa cobertura.
También quieren aumentar el tiempo de duración de las baterías para dar más autonomía a las usuarias e incluir nuevas funcionalidades que mejoren su accesibilidad a personas con discapacidad auditiva o del habla y con baja visión.
Para la gestión del servicio, Igualdad suscribe con carácter anual un convenio de colaboración con la FEMP y las transferencias previstas entre 2021 y 2023, alcanzarán los 32,6 millones de euros; en 2021, serán transferidos 11,6 millones, mientras que en 2022 y 2023 serán 10,4 millones.
El Gobierno ha aprobado también una declaración institucional con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hace un repaso de las principales medidas legislativas y políticas públicas llevadas a cabo contra las violencias machistas.