La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades financieras Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell cederán a las administraciones 26.000 viviendas de su propiedad para alquiler social, de ellas, 15.000 del llamado banco malo y 11.000 de las grandes compañías financieras del país, aunque de éstas solo 2.000 son nuevas aportaciones.

Tras la firma del protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que de las 10.000 unidades que la Sareb cede al Estado 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo.

Estas se sumarán a las 5.000 que la Sareb ha acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance un total de 15.000 pisos.

A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de los inmuebles que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas.

Por otro lado, las entidades financieras aportarán pisos de su propiedad a precios reducidos para familias que han perdido su casa por impago de la hipoteca o como resultado de una dación en pago.

El compromiso es aumentar en un 10% el número de pisos que la banca aporta al fondo y que, actualmente, es de 9.000 unidades, con lo que a partir de ahora serán 11.000.

El acuerdo del Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector amplía su vigencia hasta enero de 2022.

Fondos europeos

Para financiar el plan de alquiler, el Gobierno utilizará 1.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, lo que permitirá que el parque público ronde los 26.000 pisos.

De los 2.250 millones de euros presupuestados en 2021 para vivienda, más de 560 millones se destinarán a políticas sociales y 1.550 millones a la rehabilitación de entornos residenciales.

Entre las medidas «coyunturales», Sánchez citó la suspensión de los desahucios, la prórroga automática en los contratos de arrendamiento, la moratoria del pago a grandes tenedores, la línea de avales ICO y la ampliación de los criterios de vulnerabilidad económica para su adaptación a la crisis.

«La vivienda debe dejar de ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación para personas en situación de vulnerabilidad y para aquellas que viven en zonas donde la renta se ha disparado», defendió el presidente ante representantes del sector financiero.