El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha sido contundente contra la actuación del equipo de Gobierno, que ha retirado algunos elementos deteriorados de la pasarela y ha anunciado su próximo desmontaje "sin que exista expediente ni análisis alguno de las alternativas".

"No hemos podido analizar el expediente de desmontaje porque no existe", ha alertado Maya, quien ha recordado que la pasarela fue en su día incluída en el conjunto de las murallas de Pamplona, protegidas como BIC.

Con ello, "el desmontaje solo cabe si hay declaración de ruina, y si pese a ello lo autoriza" el organismo correspondiente, en este caso la Institución Príncipe de Viana, de ahí que UPN le haya instado desde el principio a actuar para proteger este Bien de Interés Cultural.

UPN pide que no se tire la pasarela porque está protegidaDe no ser así, Maya ya ha anunciado su intención de interponer un recurso por la vía de lo contencioso administrativo.

Ha añadido que además la pasarela forma parte del Inventario de Bienes del Ayuntamiento con la naturaleza de bien de dominio público, destinado al uso o servicio público, por lo que su desmontaje requeriría previamente la desafección de ese uso público, lo que debe aprobarse en pleno.

Para eso, además, haría falta un expediente administrativo, cuya ausencia hace "gravísimo" este caso, en el que para UPN sí que cabe que aunque la pasarela sea declarada en ruina exista la obligatoriedad de conservar el bien, aunque sea más caro, "y todos esos pasos no se han dado".

UPN pide que no se tire la pasarela porque está protegidaAl respecto, Maya ha puesto como ejemplo de actuación correcta lo que ocurrió con el Palacio del Condestable, que en su día fue declarado en ruina pero "el Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer ante un edifico protegido", pues lo adquirió y lo restauró, y "hoy es un magnífico edificio rescatado que estaba en ruina".

"Es un timo" que la actuación del ayuntamiento se haya llevado adelante sin un informa técnico, ha señalado Maya, quien ha advertido de que un caso de este tipo puede conllevar "responsabilidades penales" tanto para los políticos como para los técnicos que participen.

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