Es uno de los efectos colaterales del coronavirus. España se medio paraliza y la Justicia, de algún modo, también. Así, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó ayer un decreto en el que comunica a la plantilla que se ha detectado saturación en las bandejas de entrada, tanto físicas como telemáticas, de distintas fiscalías durante este último mes de estado de alarma a pesar de que los plazos procesales están suspendidos, por lo que les reiteró que se limiten a los servicios esenciales acordados por la Administración de Justicia.

Según explica el texto, «se ha procedido a la entrega en fiscalías de notificaciones, emplazamientos o traslados de procedimientos que no se corresponden con los servicios esenciales», lo que ha provocado un colapso. Y, además, «los órganos judiciales, en mayor o menor medida, han comenzado a trasladar procedimientos a las fiscalías, algunos de ellos no comprendidos entre los denominados servicios esenciales», dice el decreto de la exministra.

Ante esta situación, y «con la finalidad de no entorpecer el servicio público de la Justicia», Delgado insiste en que «continúa siendo una prioridad evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos», por lo que remarca que hay que seguir potenciando el uso de videoconferencias y el teletrabajo.

Aunque los fiscales continúen trabajando de forma telemática, deben tramitar y remitir los procedimientos a los juzgados «de forma escalonada, teniendo en consideración las limitaciones de personal» de las oficinas de fiscalía y de los órganos judiciales que hay actualmente debido al estado de alarma por la pandemia, protegiendo así también la salud de las plantillas.

«Una respuesta gradual, prolongada en el tiempo que aún resta de vigencia del estado de alarma nos permitirá gestionar mejor y más eficientemente los recursos personales y materiales de fiscales, cuerpos de auxilio, gestión y tramitación», subraya Delgado.

Prioritario

De este modo, remarca que la prioridad en el despacho de procedimientos en todos los órdenes no debe responder necesariamente a un orden estrictamente temporal o cronológico, como ocurre en condiciones normales, sino que los fiscales deben priorizar en su elaboración aquellos procedimientos en los que se aprecie un interés público o social, aquellos tramitados por hechos en los que se vean afectados los bienes jurídicos personales de las víctimas y aquellos otros que afecten a colectivos que son especialmente vulnerables.

Por eso, la Fiscalía General del Estado propone potenciar el protocolo de actuación para las conformidades en juicio así como la celebración de las vistas penales con la comparecencia por videoconferencia de los acusados para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento.

Estas son dos de las 30 primeras medidas urgentes que plantea poner en marcha la Fiscalía y que ya se han enviado al Ministerio de Justicia para su estudio, con vista a la fase que pueda comenzar con la flexibilización del confinamiento decretado por el estado de alarma hace ya más de un mes y que dejó este sector solo funcionando con servicios esenciales.

Estas medidas forman parte de un plan mucho más amplio que incluye hasta 60 propuestas en total para ir devolviendo a la Administración de Justicia a su actividad normal y evitar saturación en los juzgados y tribunales, con el objetivo de «mejorar el servicio público, de acuerdo con la vocación de satisfacer el interés general y los derechos de la ciudadanía».