El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de medidas económicas y laborales para afrontar los efectos del coronavirus, entre la que se incluye la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). Además, todos los trabajadores afectados tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado además que esta medida aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo "cuanto antes".

De este modo, el Gobierno opta por ahora por eximir del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTEs, en lugar de poner en marcha aplazamientos en el pago de cotizaciones de manera generalizada.

Sánchez ha explicado que todos los ERTEs se considerarán realizados por fuerza mayor y todos los trabajadores afectados tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero).

"Se prioriza así la suspensión de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos", ha subrayado Sánchez, que ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se acojan a estas medidas en lugar de recortar plantillas.

El decreto aprobado hoy impulsa el teletrabajo y permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.

Exoneración de cuotas a autónomos

El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

Este Decreto ley aprobado por el Gobierno señala que esta prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Prórroga automática de prestaciones por desempleo

El decreto aprobado hoy impulsa el teletrabajo a través de una dotación "importante" a las empresas para la compra de ordenadores y de facilidades para su aplicación, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar y/o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada, sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

La norma, apuntan fuentes de Trabajo, incluye además beneficios específicos para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas, a los que se les facilitará el cobro de prestaciones por desempleo.

Asimismo, el decreto permitirá la prórroga automática de prestaciones por desempleo para impedir que se pierda el derecho al no poder acudir a las oficinas de los servicios públicos de empleo.

Blindaje de la empresas para evitar que sean opadas

Además, el Gobierno blindará a las empresas españolas para impedir que la caída de su cotización por las medidas adoptadas para frenar el coronavirus les haga presas fáciles de compañías de fuera de la UE.

Sánchez ha detallado que en el Real Decreto aprobado este martes se ha reforzado la normativa sobre inversiores exteriores "para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de empresas aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación".

El desplome bursátil de los últimos días había puesto a tiro de OPA a algunas de las principales empresas estratégicas del país, como Telefónica, Banco Santander o BBVA, entre otras, que veían cómo sus acciones se desplomaban por debajo de lo que indican sus fundamentales.